La propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama para abrir el debate sobre gravar las herencias y los legados en México encendió una nueva polémica, al ser interpretada por diversos sectores como un intento de ampliar la carga fiscal sobre el patrimonio familiar en lugar de impulsar medidas para reducir el gasto público.
Batres sostuvo que las herencias deberían contribuir al pago de impuestos, al considerar que representan riqueza obtenida sin esfuerzo directo y que su gravamen favorecería una mejor redistribución de la riqueza. Su postura surgió durante la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tratamiento fiscal de los recursos heredados de las Afores.
Sin embargo, la propuesta ha sido cuestionada por quienes consideran que el Estado debería concentrarse primero en reducir el costo de la burocracia y racionalizar el gasto antes de buscar nuevas fuentes de recaudación.
A las críticas se suma el tamaño de la estructura de apoyo de la propia ministra. Su ponencia cuenta con 94 personas adscritas bajo su responsabilidad directa, una de las plantillas más amplias entre los ministros del máximo tribunal.
Para sus detractores, el debate no debe centrarse únicamente en crear nuevos impuestos, sino en revisar primero el costo de las instituciones públicas, transparentar el uso de los recursos y garantizar que exista una política de austeridad efectiva antes de solicitar mayores contribuciones a los ciudadanos.
Mientras tanto, la mayoría del Pleno de la Suprema Corte rechazó el criterio que habría permitido gravar con ISR los recursos de las Afores entregados a beneficiarios de trabajadores fallecidos, al estimar que deben recibir un tratamiento similar al de una herencia o legado y permanecer exentos del impuesto.
