WASHINGTON (apro) – El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el pasado 19 de agosto a la corte federal en Brooklyn, Nueva York, nuevas evidencias (grabaciones) para el caso contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.
En un documento de dos páginas entregado al juez federal Brian Cogan, y con copia al abogado de García Luna, los fiscales federales entregaron 17 grabaciones (conversaciones telefónicas) interceptadas al exasesor, mano derecha y confidente del expresidente Felipe Calderón.
Además de las “grabaciones interceptadas” el Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó también dos expedientes que contienen información correspondiente al historial financiero del también exjefe de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Sin dar a conocer el contenido de las grabaciones interceptadas y los documentos con la información financiera, el fiscal federal Richard P. Donoghue, anota que estas nuevas evidencias serán revisadas porque se suman a miles de pruebas que la parte acusadora ha acumulado.
García Luna está acusado de narcotráfico por parte del gobierno de Estados Unidos por lo que fue detenido en el estado de Texas, el pasado mes de diciembre, y posteriormente extraditado a Nueva York, donde se llevan a cabo las audiencias preparatorias del juicio.
El exprincipal asesor de la guerra militarizada contra el narcotráfico que lanzó Calderón, a través de su abogado de oficio César de Castro, negocia un acuerdo con el Departamento de Justicia para evitar ser enjuiciado y convertirse en testigo cooperante.
En un juicio y de ser declarado culpable, la mano derecha del expresidente Calderón en el llamado sexenio de la muerte, sería sentenciado a cadena perpetua como pena máxima, y recibiría una condena de 10 años de prisión como castigo mínimo.
Si llega a un acuerdo para transformarse en testigo cooperante, García Luna se presentaría como testigo del gobierno de Estados Unidos en procesos judiciales en contra de personas acusadas en el trasiego de drogas y lavado de dinero procedente de la venta de los narcóticos.
