El Poder Judicial de Quintana Roo anunció que abrió una investigación administrativa contra el juez José Luis Jonathan Yong Mendoza por un episodio de agresión contra una mujer ocurrido en la madrugada del 24 de diciembre en Benito Juárez, tras una denuncia anónima recibida el 26 de diciembre mediante su sistema electrónico y respaldada con imágenes difundidas en redes sociales.
De acuerdo con el comunicado, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas inició diligencias y solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial una medida cautelar: la suspensión temporal de funciones del juzgador, presentada como una acción preventiva para “proteger el interés público” mientras se esclarecen los hechos y se integran elementos para una posible acusación conforme a la ley.
El Poder Judicial insistió en que la conducta de quienes imparten justicia debe ser “intachable” dentro y fuera de los tribunales, sin limitarse a horarios de trabajo, y afirmó que no tolerará actos contrarios a la ética, la legalidad y el profesionalismo.
Pero el anuncio no se lee como iniciativa propia: se percibe como una decisión obligada por el escándalo público, no como un acto espontáneo de limpieza institucional. La presión social ya había escalado a un punto crítico, particularmente en el Residencial Palmaris, donde vecinos exigieron intervención inmediata tras un presunto incidente que incluiría uso o portación de arma de fuego y una conducta agresiva contra una mujer, supuestamente grabada en la calle CYCA.
En el centro del reclamo está José Luis Jonathan Yong Mendoza, identificado como juez de Control en materia penal, quien tomó protesta el 1 de septiembre de 2025. Aunque los vecinos señalan que no existía —hasta ese momento— una denuncia penal formal, la exigencia fue directa: que el Órgano de Administración Judicial y las instancias de disciplina actúen sin silencio institucional ni “blindajes” internos.
A los señalamientos por violencia se sumó otro foco de alarma: versiones que lo vinculan con un expediente 217/2021 atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se le menciona por presunta operación con recursos de procedencia ilícita. Según la información difundida, el expediente fue puesto en estrados el 7 de mayo y formaría parte de indagatorias asociadas a la “Operación Caribe”, ligada a una red de blanqueo de capitales con presencia en Quintana Roo y otros destinos turísticos.
En paralelo, se le atribuye una trayectoria pública polémica: militancia partidista, paso por cargos municipales y antecedente como encargado de seguridad en Benito Juárez durante una administración marcada por conflictos internos y ceses de policías que denunciaron irregularidades.
El Poder Judicial ahora promete “transparencia y apego a la ley”. Esa frase, en este caso, no basta. La credibilidad no se recupera con un comunicado, sino con actos verificables: que se esclarezca si hubo violencia, si hubo arma de fuego, si existieron conductas incompatibles con la función judicial y si hay antecedentes financieros que ameriten investigación formal.
Porque cuando un juez penal es señalado por hechos que la ley sanciona, el daño no es privado: es institucional. Y si la disciplina llega solo cuando la sociedad empuja, el mensaje es devastador: la justicia se mueve por ruido, no por principios.
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