Cancún, Quintana Roo.— En medio de una creciente preocupación social por la inseguridad, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la Segunda Sesión Extraordinaria del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad e Impartición de Justicia, un mecanismo que el gobierno estatal presenta como eje para consolidar la paz social y reforzar la infraestructura de seguridad en Quintana Roo.
Durante la sesión, la mandataria reiteró que el fideicomiso busca garantizar el orden público mediante inversiones en equipamiento, tecnología, capacitación policial y fortalecimiento del sistema penitenciario, bajo un discurso centrado en la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos. La estrategia, afirmó, forma parte del llamado Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo del estado.
No obstante, el anuncio volvió a abrir un debate recurrente: la distancia entre los acuerdos administrativos y la realidad cotidiana que enfrentan ciudadanos y sectores productivos, particularmente en zonas urbanas y turísticas donde la percepción de inseguridad sigue siendo alta. Para críticos y analistas, la reiteración de sesiones y planes no se ha traducido en resultados visibles que modifiquen de fondo el clima de violencia y la desconfianza hacia las instituciones.
En el encuentro se avaló la continuidad de proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores, los cuales se extenderán hasta 2026, principalmente en materia de adquisición de bienes, servicios y obras públicas vinculadas a la seguridad. El énfasis oficial estuvo puesto en la planeación y en la continuidad presupuestal, más que en la presentación de indicadores claros sobre reducción del delito o mejora en la percepción ciudadana.
Organizaciones civiles han señalado que, aunque el discurso gubernamental insiste en la rendición de cuentas, siguen faltando evaluaciones públicas y medibles que permitan conocer el impacto real del fideicomiso en la vida diaria de la población. La exigencia no es solo invertir más, sino demostrar que esas inversiones generan seguridad efectiva y justicia accesible.
La sesión concluyó con mensajes de compromiso institucional, pero también con una realidad ineludible: mientras el gobierno habla de fortalecimiento y paz social, una parte de la sociedad sigue esperando que esas decisiones se reflejen en calles más seguras y en una respuesta contundente frente a la violencia que aún persiste en el estado.
