El reciente escándalo sobre el contagio por Covid-19 de un grupo de estudiantes argentinos, no solo prendió las alertas en Quintana Roo, sino que puso a trabajar a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitario (Cofepris) en la revisión de instalación de laboratorios dedicados a practicar la prueba PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) a turistas, pues quedó demostrado la clandestinidad de algunos.
Pero no solo se trata de laboratorios, sino también hay que investigar quiénes son los que permiten aforos más allá de los establecidos por el semáforo epidemiológico y los empresarios turisteros que relajan las medidas de prevención como el uso del cubrebocas, la sana distancia y el uso del gel antibacterial.
Ante este hecho, la Asociación de Hoteles de Tulum (AHT) que preside David Ortiz Mena, presentó ante la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis su “Propuesta de iniciativa de Reforma al Código Penal de Quintana Roo”, para tipificar como delito la organización de fiestas que pongan en peligro la salud.
Si bien es cierto que el artículo 113 del Código Penal local reza que “Al que sabiendo que padece algún mal grave y transmisible ponga por cualquier medio en peligro de contagio la salud de otro, se le impondrá de seis meses a un año de prisión o multa de diez a cincuenta días. Si la puesta en peligro es violado un deber de cuidado, solo se pondrá al agente a disposición de las autoridades sanitarias para su tratamiento médico adecuado”.
La Asociación de Hoteles de Tulum propone que se agregue el artículo 113 Bis al Código Penal del Estado de Quintana Roo, “todo aquel que, existiendo un ordenamiento de autoridad sanitaria competente de carácter general y obligatorio en el que se prohíben realizar cualquier tipo de eventos o reuniones que rebasen los aforos permitidos por el semáforo epidemiológico y haciendo caso omiso al mismo, ya sea por sí o por interpósita persona, organice, promueva, facilite o fomenten eventos públicos o privados, onerosos o gratuitos, en los que se comentan actos u omisiones que por su sola ejecución pongan el riesgo evidente la vida humana o la salud pública, se les impondrá una pena de ‘x’ años a ‘z’ años de cárcel y una multa equivalente de ‘x’ a ‘z’ Unidades de Medida de Actualización (UMA)”.
La justificación de la propuesta es que de continuar impunes y no tipificar como delitos contra la salud tales eventos, no podrían ser frenados y con ello aumentarán los contagios, por consecuencia lógica el número de muertos, el Estado regresaría por segunda vez al semáforo epidemiológico rojo.
Ahora falta que los diputados de la XVI Legislatura puedan tratar el tema en la Comisión de Salud que preside Edgar Gasca Arceo; en la de Justicia, que preside Kira Iris San; en la de Puntos Constitucionales, que tiene a si cargo Reyna Durán Arceo; para que posteriormente la dictaminen y pueda ser discutida en el pleno. La encomienda está a cargo de la diputada tulumnense, Euterpe Gutiérrez Valasis.
SASCAB
Hoy define el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sus candidatos a diputados federales, entre los que se dice está Juan Carrillo Soberanis por el Distrito 01. Hay cosas que todavía no entiendo de la política, ¡que alguien me explique!
