El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) dio a conocer este jueves que pueblos originarios del sureste del país obtuvieron un recurso legal para frenar las obras del Tren Maya en Yucatán.
El Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán concedió la suspensión provisional a habitantes de los Municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, que promovieron un juicio de amparo contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), pues argumentaron que en la consulta pública celebrada para definir el futuro de ese proyecto, se desconocían muchos detalles y, aún con la falta de información que prevalecía, las autoridades decidieron comenzar la construcción.
Destacaron que, al intentar revisar la información completa con los anexos de la Fase I del Tren Maya, ésta no se encontraba disponible en las instalaciones de las Delegaciones de la Semarnat, por lo que solicitaron el expediente por los canales oficiales de acceso a la información pública, pero transcurrido el plazo para la consulta pública a través de Internet, no recibieron respuesta a la petición que se hizo desde el 21 de junio de 2020.
Apenas el mes pasado, comunidades originarias obtuvieron un recurso legal para frenar obras nuevas del segundo tramo del Tren Maya, que va de Escárcega a Calkiní, en Campeche.
Fonatur, el organismo público encargado del proyecto, afirmó días después que obtuvo el aval medioambiental para los tres primeros tramos del ferrocarril, pero la aprobación la otorga la Semarnat, que depende del Gobierno.
Las organizaciones inconformes reprocharon que la Semarnat otorgó la aprobación medioambiental, pese a reconocer la ausencia de información en la consulta pública con las comunidades.
“Ambas autoridades fueron demandadas como corresponsables al incumplir con sus obligaciones para la protección del medio ambiente, la transparencia, acceso a la información y participación pública durante el proceso de consulta”, argumenta el comunicado de CEJIL.
Con este recurso, las autoridades no podrán ejecutar obras nuevas en Yucatán, pero el Poder Judicial aún debe determinar si otorga una suspensión definitiva y después, si falla a favor de los demandantes en el juicio de amparo.
