El decreto presidencial para crear la figura del Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán es una desaparición de poderes de facto, coincidieron el ex Presidente de la Cámara de Diputados, Cristian Castaño Contreras, y el coordinador del PAN en la Cámara de Senadores, Jorge Luis Preciado.
La figura de un Comisionado “remueve de facto a los poderes estatales”, agregó Preciado.
Mientras tanto, Cristian Castaño alertó sobre inconsistencias en el decreto presidencial, por ejemplo, la indefinición en la actuación de las fuerzas federales y de cuándo retomará sus funciones constitucionales el gobernador michoacano Fausto Vallejo.
Entrevistado por El Economista, Cristian Castaño, quien actualmente es profesor de la Escuela Superior de Guerra, expuso su preocupación de que el gobierno federal orille a las fuerzas armadas federales a tomar el control, el poder y la autoridad como en Michoacán, incluso desplazando a los poderes locales.
Destacó que en Michoacán, “están tomando decisiones para que las fuerzas federales tomen el control, el poder y la autoridad, incluso desplazando a los poderes locales, pero no se establece (…) cómo la autoridad local va a poder retomar sus atribuciones en el ejercicio constitucional que le corresponde”.
Advirtió que crear la figura de un Comisionado, que recayó en Alfredo Castillo Cervantes, fue una desaparición de poderes. “De facto se hizo una desaparición de poderes, creo que se quisieron ahorrar el trámite constitucional que está establecido para que el Senado haga dicha declaración”, dijo.
Alertó que el decreto que emitió el presidente Enrique Peña Nieto para crear la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán tiene “nebulosas jurídicas”, como el hecho que otorgue al Comisionado la facultad de coordinador a las fuerzas federales cuando esa atribución corresponde únicamente al Presidente de la República.
“Esto puede determinar que las actuaciones, todos los actos que surjan de ahí, pudieran ser impugnables, le da incertidumbre a la fuerza armada”, alerto.
Castaño consideró que otra inconsistencia es que se diga que el Comisionado para Michoacán es sólo un enviado federal para la seguridad, y se le otorguen facultades de coordinador de la política social en el estado. “Ojalá el coordinador (Alfredo Castillo) realmente se enfoque en resolver el problema, y no en preparar un objetivo político que tenga en el corto plazo”, afirmó.
Castillo llega con su gabinete
El gobernador de Michoacán Fausto Vallejo, nombró Procurador General de Justicia del Estado a José Martín Godoy Castro, y a Carlos Hugo Castellanos Becerra, titular de la Secretaria de Seguridad Pública, así como a seis subprocuradores regionales, todos personajes del primer círculo del hoy Comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, cuando fue titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
Vallejo, acompañado de Castillo, anunció el viernes los nombramiento de Godoy y de Castellanos, este último fue jurídico de la PGJEM y de la Profeco.
Durante la presentación de los funcionarios, el comisionado Alfredo Castillo dijo que la decisión fue del Gobernador.
José Martín Godoy Castro fue Subprocurador de Verificación de la Profeco y Subprocurador de Atención Especializada de la Procuraduría de Justicia del Estado de México cuando Castillo fue titular de ambas dependencias.
Además de un nuevo Procurador, nombraron seis subprocuradores regionales: en Morelia, Jaime Rodríguez Aguilar; en Apatzingán, Victorino Porcayo; en Lázaro Cárdenas, José Juan Monroy García; en Uruapan, Iván Martínez Gutiérrez; en Zamora, Liliana Rosillo Herrera, y en Zitácuaro, José Ramón Ávila Farca.
Jaime Rodríguez Aguilar fue, en el 2011, Fiscal de la PGJEM en Tlalnepantla. El enviado en Apatzingán, Victorino Porcay, fue Director General de Procedimientos de la Profeco y encargado de la PGJEM en Atlacomulco.
El nuevo Subprocurador en Lázaro Cárdenas fue Director de Verificación de la Profeco. El enviado a Uruapan fue nombrado fiscal regional de la PGJEM en el 2010 por Castillo Cervantes, en Ecatepec, también se desempeñaba en la Profeco. La nueva subprocuradora en Zamora, Liliana Rosillo Herrera, fue Directora de Gas de la Profeco, y ex fiscal de Feminicidios de Tlalnepantla.
El enviado de la Procuraduría de Michoacán a Zitácuaro, José Ramón Ávila Farca, se desempeñaba como Director General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamientos de la Profeco en la gestión de Castillo Cervantes.
jorge.monroy@eleconomista.mx
