La emisión de una orden de aprehensión contra el comunicador Pedro Ferriz de Con detonó un nuevo episodio de confrontación política y mediática. El propio periodista difundió un mensaje en el que afirma que lo quieren “meter a la cárcel por decir la verdad”, asegurando que el proceso judicial responde a sus posicionamientos críticos.
De acuerdo con los reportes, la denuncia que dio origen a la orden judicial fue promovida por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. El conflicto deriva de declaraciones y señalamientos públicos realizados por Ferriz de Con en su espacio digital, los cuales el exmandatario consideró constitutivos de delito.
El periodista sostiene que la acción penal es una represalia política y que se trata de un intento por silenciar una voz incómoda. Asegura que sus opiniones forman parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y que judicializar el conflicto busca inhibir la crítica pública.
Desde la parte denunciante, la postura es distinta: el procedimiento, argumentan, no tiene que ver con censura, sino con la protección del honor y la reputación frente a afirmaciones que consideran falsas o dañinas. En ese marco, el recurso al sistema penal sería —según esa versión— una vía legal para dirimir el diferendo.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate la tensión entre libertad de expresión y responsabilidad jurídica. En un entorno político polarizado, cuando una disputa pública escala a una orden de aprehensión, la discusión ya no es solo mediática: se traslada al terreno penal, con consecuencias personales y políticas.
El fondo del asunto se definirá en tribunales. Si las expresiones del comunicador se encuadran dentro de un tipo penal, corresponderá a la autoridad judicial acreditarlo. Si no, el caso podría convertirse en un precedente que refuerce la percepción de que el aparato penal puede utilizarse como herramienta en conflictos políticos.
Más allá de las narrativas enfrentadas, el episodio exhibe una realidad incómoda: en México, la frontera entre crítica política y litigio penal sigue siendo un campo de batalla.
