La visita del Alto Comisionado de la ONU a México dejó un mensaje incómodo para el discurso oficial: sí hay avances sociales… pero el país sigue atrapado en una crisis estructural de desapariciones que no se está resolviendo.
El organismo internacional reconoció esfuerzos en programas sociales y voluntad política del gobierno federal. Sin embargo, el diagnóstico de fondo fue claro: México necesita resultados, no narrativa.
La exigencia central no fue diplomática, fue directa: mayor eficacia en la búsqueda de personas desaparecidas, identificación forense y combate a la impunidad. Es decir, lo básico que el Estado sigue sin garantizar.
Y es que la dimensión del problema ya no admite matices.
México acumula más de 130 mil personas desaparecidas, con niveles de impunidad que organismos internacionales consideran alarmantes. No es un rezago administrativo, es una crisis humanitaria en curso.
El contraste es evidente.
Mientras el gobierno presume avances y cuestiona informes internacionales, la ONU insiste en que el problema no está resuelto ni cerca de estarlo. De hecho, advierte que sin mecanismos eficaces de investigación y sanción, cualquier política pública queda en simulación.
El señalamiento también pega donde más duele: la falta de coordinación institucional, la debilidad de las fiscalías y un sistema forense rebasado que impide identificar miles de restos humanos.
En otras palabras, el Estado no solo llega tarde… muchas veces ni siquiera llega.
La visita del organismo internacional no hizo más que confirmar lo que colectivos de víctimas llevan años denunciando: la crisis de desapariciones en México no es un episodio aislado, es una falla estructural del sistema de justicia.
