El cerco judicial en Estados Unidos contra exfuncionarios ligados al gobierno de Rubén Rocha Moya sigue estrechándose. La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó para el próximo 1 de junio una nueva audiencia contra Gerardo Mérida Sánchez, señalado por presuntos vínculos con la facción criminal de “Los Chapitos”.
El exsecretario de Seguridad de Sinaloa compareció previamente ante una corte federal en Manhattan, donde se declaró inocente de cargos relacionados con narcotráfico y uso de armas. Sin embargo, el proceso apenas comienza y el caso amenaza con convertirse en una de las investigaciones más explosivas contra figuras cercanas al poder político sinaloense.
De acuerdo con reportes judiciales, Mérida Sánchez se entregó voluntariamente en Arizona el pasado 11 de mayo y actualmente permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, la misma prisión donde han estado recluidos personajes clave ligados al Cártel de Sinaloa.
La audiencia programada para junio estará encabezada por la jueza federal Katherine Polk Failla, quien también lleva expedientes relacionados con investigaciones de alto perfil vinculadas al narcotráfico y redes de corrupción política.
Uno de los elementos que más ha llamado la atención es que la defensa del exsecretario quedó inicialmente en manos de Sarah Krissoff, exfiscal adjunta especializada en delitos financieros y lavado de dinero, lo que evidencia la dimensión del caso y el nivel de presión jurídica que enfrenta el exmando de seguridad.
Mientras tanto, el escándalo continúa golpeando políticamente a Morena y al grupo cercano a Rocha Moya. Dentro del partido ya comienzan a surgir señales de distanciamiento político ante el impacto nacional e internacional que ha provocado la investigación abierta en Estados Unidos.
El caso también escaló al terreno financiero, luego de que autoridades mexicanas ordenaran el congelamiento preventivo de cuentas vinculadas a personajes señalados dentro de la investigación, en medio de crecientes presiones internacionales y acusaciones sobre posibles redes de protección política al narcotráfico en Sinaloa.
