La firma señala acoso y desprestigio del gobierno mexicano en la pugna por terrenos de Playa del Carmen
La propiedad fue adquirida en los años 80 por Vulcan Material Company y la firma no pretende renunciar a ella, asegura
“No renunciaremos a nuestras inversiones y trabajo, menos aún, por un valor nominal alejado de la realidad e impuesto unilateralmente por el Gobierno de México”, asegura la firma a través de un comunicado dirigido a la opinión pública. Vulcan Material Company señala que ha sido objeto por parte del gobierno de México de “acciones ilegales”, basadas en “falsas acusaciones”.
En el documento refiere “amenazas políticas, abusos de autoridad y falsas acusaciones” presuntamente utilizadas por el gobierno para “justificar la conversión de nuestra propiedad en una supuesta “Área Natural Protegida”” que no obstante señalan podría “ser utilizada para fines privados de turismo comercial y operaciones de grandes cruceros, así como actividades navales”.
Por lo que aseguran “no aceptaremos esta expropiación ilegal de nuestras inversiones”.
La firma argumenta que desde los años 80 la propiedad fue comprada tras el paso de un huracán por ser terrenos de reserva de piedra caliza.
“En la actualidad, esta codiciada propiedad se encuentra en una bien conocida región turística e incluye un puerto de calado profundo, infraestructura marítima, lagos de agua dulce resultado de nuestra actividad, vegetación tanto preservada como reforestada y una importante porción de terreno sin desarrollar, reconocida inicialmente para uso de cantera”.
Afirman que, a lo largo de casi 40 años, han producido materiales de construcción, a través de Sac Tun, esenciales para la edificación y mantenimiento de aeropuertos como el de Cancún y Cozumel, la autopista 307 Playa del Carmen-Cancún, la carretera 305D Playa del Carmen-El Tintal, avenidas y calles, viviendas, escuelas, hoteles y centros comerciales.
Y que los permisos fueron debidamente obtenidos conforme a las leyes mexicanas y estipulaciones de los tres niveles de gobierno
“Los constantes señalamientos de que hemos actuado de forma ilegal o secreta, o de que nuestros permisos se entregaron de forma irregular son completamente falsos, deliberadamente tendenciosos y tiene fines claramente propagandísticos que intentan justificar la conducta ilegal del gobierno”, señalan
También se dijeron respetuosos de las acciones de mitigación del impacto medioambiental, de acuerdo a estándares internacionales e incluso con calificaciones de Empresa Limpia otorgadas por PROFEPA.
Niegan que sus operaciones hayan afectado cuevas subterráneas, cenotes o vestigios arqueológicos. Y resaltan la inversión hecha en la Riviera Maya.
Resaltan que el estado actual de dicha propiedad “es el de un proyecto en desarrollo sujeto a su acondicionamiento para un futuro uso distinto”.
Y finalmente, aclara el comunicado, “lo cierto es que en ningún momento hemos recibido una “oferta generosa” para comprar nuestra propiedad. Se nos entregó un avalúo informal, sin firmas y sin detalles, que subvalora sustancialmente nuestros activos, incluyendo las reservas de piedra caliza de las que somos dueños conforme a la ley mexicana, así como el único puerto de calado profundo en la región”.
