La gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por Quintana Roo arrancó con un mensaje que generó repercusiones políticas y administrativas. Frente a ciudadanos inconformes y al comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza Longoria, la mandataria ordenó privilegiar la solución a los conflictos sociales sobre la aplicación estricta de las disposiciones administrativas.
"Hay que gobernar con sentido común y para la gente. Cuando las normas se ponen por encima de la gente y del sentido común, está mal. No cumplas con la norma", expresó la presidenta durante un recorrido por el Parque del Jaguar, luego de escuchar reclamos de habitantes y prestadores de servicios afectados por decisiones de la Conanp.
La declaración ocurrió después de que empresarios turísticos denunciaran que el plan de manejo del Parque del Jaguar clasificó como zona de recuperación un predio donde desde hace años opera infraestructura turística, situación que ha impedido regularizar sus actividades.
Ante los reclamos, Sheinbaum instruyó públicamente al titular de la Conanp modificar el plan de manejo y resolver el conflicto en un plazo inmediato, rechazando la propuesta inicial de tres meses presentada por el funcionario y exigiendo que la solución llegue antes de concluir el mes.
Durante el recorrido también se registró un momento de tensión cuando una madre y su hija detuvieron el convoy presidencial para denunciar el presunto despojo de un predio familiar que aseguran poseen desde 1956. Las afectadas afirmaron que, pese a contar con un amparo federal favorable, el inmueble permanece asegurado y no ha sido restituido. Tras escuchar el caso, la presidenta solicitó los datos de contacto de las denunciantes y ofreció revisar personalmente el expediente.
La jornada estuvo marcada por un amplio dispositivo de seguridad desplegado por fuerzas federales en distintos puntos de Tulum, mientras Sheinbaum sostuvo además una reunión privada con empresarios e inversionistas vinculados al desarrollo económico de la región.
En paralelo, transportistas de Quintana Roo anunciaron movilizaciones para hacer llegar a la presidenta sus demandas, entre ellas que los proyectos federales prioricen la contratación de mano de obra local sobre trabajadores provenientes de otras entidades.
La visita presidencial dejó un mensaje político claro: cuando las decisiones administrativas generan conflictos sociales, el Gobierno federal buscará privilegiar soluciones inmediatas, incluso si ello implica revisar o modificar criterios previamente establecidos por sus propios organismos.
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