Un juzgado federal de Cancún declaró legal un decreto aprobado en 2023 por el Congreso de Quintana Roo para el retiro de la concesión del suministro de agua potable a favor de Aguakán, empresa que surte el recurso hídrico en cuatro municipios de esta entidad.
Con lo anterior, el gobierno de Quintana Roo avanza en su lucha por recuperar el control del abastecimiento del agua potable, que incluye a Cancún y la Riviera Maya, los destinos turísticos más grandes del país.
Este martes el Juzgado Octavo de Distrito sentenció no amparar a Aguakán y declaró legal lo aprobado por los legisladores, que argumentaron incumplimientos contractuales de la empresa durante el tiempo que ha ejercido la concesión en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Playa del Carmen (Riviera Maya), Isla Mujeres y Puerto Morelos.
Además, se señalaron violaciones al derecho a un medio ambiente sano por derrames de aguas negras, al tener esta empresa también la obligación de modernizar la red de drenaje.
Actualmente Aguakán goza de una suspensión definitiva ganada en enero de 2024, medida que aún sigue vigente al no ejecutarse aún por el juez federal la sentencia del amparo que perdió.
El recurso legal lo promovió a finales de 2023 contra este decreto aprobado por diputados locales, quienes determinaron retirar la prestación del servicio.
Se prevé que la empresa impugne la medida con un recurso de revisión antes de 10 días hábiles, con el cual llevará su juicio a instancias superiores.
La ampliación de la concesión del servicio hasta el año 2053, se concretó en 2014 durante la administración estatal del exgobernador Roberto Borge Angulo, hoy preso por delitos relacionados con la función pública.
Este ha sido uno de los actos más turbios dentro de la administración pública en Quintana Roo, que incluyó la entrega de más de mil millones de pesos en garantías de parte de la empresa a dependencias estatales, dinero que se ignora dónde quedó.
Por esta entrega irregular, el año pasado el gobierno quintanarroense presentó una denuncia penal por lavado de dinero contra socios y directivos de la empresa.
En febrero, Aguakán emitió un comunicado y señaló de presunto hostigamiento jurídico orquestado por autoridades estatales; la gobernadora Mara Lezama Espinosa rechazó tales aseveraciones.
En mayo próximo los socios y directivos de esta empresa, que cuenta con suspensiones de amparo contra detenciones, comparecerán ante un juez de control federal para una audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso, con lo cual se determinará su situación legal.
