Las instalaciones de Calica continuarán clausuradas porque el Poder Judicial negó retirar la medida que impuso la Profepa el pasado mes de mayo tras una demanda de amparo que interpuso la trasnacional.
De acuerdo con el expediente 533/2022 del juicio de amparo indirecto al que se tuvo acceso, la trasnacional Calizas Industriales del Carmen, mejor conocida como Calica y de nombre comercial San-Tun, promovió el recurso sin resultados favorables para continuar con la explotación y transporte de material pétreo a través de la concesión del puerto de Punta Venado desde 1987.
El amparo promovido es contra el presidente Andrés Manuel López Obrador como autoridad responsable por los agravios cometidos, supuestamente contra el particular por haber ordenado una clausura contra Calica el pasado 6 de mayo. El acto administrativo fue realizado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Calica buscó la suspensión de tal medida en una audiencia incidental el pasado 12 de mayo y el juzgado noveno de distrito lo rechazó; según el expediente, no ha vuelto a buscar un recurso similar y ahora tendrá que esperar la audiencia constitucional programada para el 11 de julio para saber si la justicia federal otorga la protección.
El tema es uno de los más relevantes en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador que menciona en sus conferencias matutinas al menos una vez a la semana; el ejecutivo federal anunció en su última intervención sobre el tema que va a presentar una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El pasado 22 de abril, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, dio a conocer que Vulcan Materials Company, corporativo estadounidense dueño de Calica, aceptó que el área de explotación minera de Calica se convirtiera en un parque natural, a cambio que la terminal de Punta Venado sea ampliada como un puerto para cruceros, entre otras condicionantes.
No obstante, días después, el presidente de México informó que la empresa había incumplido el acuerdo de cese de explotación de material pétreo, por lo que días después Profepa clausuró el predio La Rosita.
