Ciudad de México.— La estructura de seguridad en Sinaloa enfrenta uno de sus señalamientos más graves: la presunta infiltración del narcotráfico en corporaciones policiales que derivó en la muerte de informantes de la DEA, un caso que ya golpea directamente a funcionarios del gobierno estatal.
En el centro de la acusación aparece Juan Valenzuela Millán, quien fue comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán entre 2018 y 2024, señalado por autoridades estadounidenses como pieza clave en la entrega de un informante confidencial de la DEA y familiares a la facción criminal de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
Las acusaciones contra Valenzuela Millán son demoledoras. Estados Unidos lo señala de recibir sobornos mensuales no solo para él, sino también para mandos y agentes bajo su influencia. La acusación sostiene que habría abierto las puertas de la Policía Municipal de Culiacán al cártel, permitiendo que estructuras oficiales fueran utilizadas para fines criminales.
De acuerdo con esos señalamientos, Valenzuela Millán habría empleado agentes, vehículos, información y recursos públicos para apoyar operaciones de “Los Chapitos”, incluyendo detenciones ilegales, secuestros y asesinatos contra grupos rivales.
El punto más grave de la acusación es su presunta participación en el secuestro de un informante de la DEA. Ese caso habría derivado en tortura y asesinato de la víctima y familiares, en un episodio que exhibe el nivel de penetración del crimen organizado en las instituciones encargadas de combatirlo.
La gravedad del caso no se limita a la actuación individual. Las investigaciones apuntan a una red más amplia de colaboración entre mandos de seguridad y el grupo criminal, lo que ha comenzado a salpicar a funcionarios del gobierno de Sinaloa, bajo la sospecha de haber permitido o encubierto operaciones ilícitas.
El señalamiento es demoledor: recursos públicos, estructuras policiales y posiciones de poder habrían sido utilizados para facilitar delitos de alto impacto, consolidando el dominio territorial de “Los Chapitos”.
Este caso se suma a una serie de acusaciones que, desde Estados Unidos, han puesto bajo presión a figuras políticas y de seguridad en Sinaloa, evidenciando un posible entramado donde la línea entre autoridad y crimen organizado se diluye peligrosamente.
Hoy, la muerte de informantes de la DEA no solo expone una traición institucional, sino que abre una interrogante de fondo sobre la viabilidad del sistema de seguridad en la entidad.
La pregunta es inevitable: ¿quién gobierna realmente en Sinaloa?
