Un informe de observación civil e independiente, elaborado por organizaciones ambientales, académicos y defensores de derechos humanos, destapó una trama de abusos, corrupción y devastación ambiental detrás de la construcción del Tren Maya. A un año de su inauguración, el megaproyecto que el gobierno federal presentó como emblema del “desarrollo con justicia social” enfrenta serias acusaciones por militarización, daños ecológicos irreversibles y violaciones a los derechos de comunidades mayas del sureste.
La militarización del territorio
El documento —resultado de un año de trabajo de campo en los tramos 5, 6 y 7— sostiene que el Ejército mexicano, convertido en brazo constructor y operador del proyecto, no solo ha sustituido a empresas civiles, sino que también ha asumido funciones de seguridad, control territorial y vigilancia social.
En la práctica, se habría instaurado una “presencia armada permanente” en comunidades de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, lo que ha derivado en un ambiente de intimidación y silencio. Testimonios recogidos en la zona señalan que pobladores y ejidatarios que se oponen al proyecto han sido objeto de amenazas, hostigamiento e incluso procesos judiciales fabricados.
“Las decisiones sobre las rutas, los accesos y las expropiaciones se toman en cuarteles, no en oficinas civiles”, advierte uno de los investigadores. “Es un modelo de ocupación disfrazado de obra pública.”
Ecocidio y simulación
Los hallazgos ambientales son igual de alarmantes. En el tramo 5, que va de Cancún a Tulum, se detectaron más de 1,800 hectáreas de selva devastadas sin las Manifestaciones de Impacto Ambiental completas ni la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente. Además, se documentó la fractura de más de 100 sistemas de cuevas y cenotes, considerados patrimonio natural y parte esencial del acuífero peninsular.
Imágenes satelitales y peritajes independientes confirman la presencia de estructuras de concreto sobre cavernas subterráneas inestables, así como desvíos en la ruta original para acelerar la obra. Ingenieros ambientales advierten que los pilotes colocados podrían colapsar en zonas donde el suelo kárstico no tiene soporte.
El informe también revela que muchas de las medidas de mitigación anunciadas por Fonatur y Sedena —como reforestaciones o rescates de fauna— son inexistentes o de carácter simbólico. “No hay compensación ambiental posible ante la magnitud del daño”, concluye el documento.
Negocios paralelos y corrupción institucional
Más allá de los impactos ecológicos, la investigación apunta a un esquema de opacidad y negocios paralelos. Empresas privadas sin experiencia en obras ferroviarias obtuvieron contratos millonarios a través de adjudicaciones directas. En algunos casos, las compañías fueron creadas meses antes de ser beneficiadas.
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación ya había advertido irregularidades en el manejo de recursos y falta de comprobación en más de 15 mil millones de pesos destinados al Tren Maya durante 2023 y 2024.
Los investigadores vinculan parte de estas irregularidades a la falta de supervisión civil y al carácter militarizado del proyecto, que impide el acceso a la información pública. “El Ejército no está obligado a transparentar contratos ni licitaciones por razones de seguridad nacional”, explica el informe. “Esa opacidad es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción.”
Comunidades desplazadas y resistencia silenciada
En la zona maya, los pueblos afectados denuncian despojos de tierras, desplazamientos forzados y rupturas del tejido social. En ejidos como Xpujil y Felipe Carrillo Puerto, familias enteras fueron reubicadas sin compensaciones justas ni consulta previa, violando el Convenio 169 de la OIT.
“La tierra se volvió mercancía, y los campesinos, estorbos”, resume un representante comunitario de Quintana Roo. “Nos dijeron que el tren traería progreso, pero solo trajo ruido, polvo y soldados.”
Activistas que han documentado estos abusos enfrentan persecución y campañas de desprestigio en redes sociales. Algunos han denunciado amenazas anónimas y vigilancia militar.
Un tren con destino incierto
A un año de su inauguración, el Tren Maya opera parcialmente, con tramos aún inconclusos y costos que superan los 600 mil millones de pesos, más del doble del presupuesto inicial. El gobierno federal insiste en que el proyecto “impulsa el desarrollo del sureste”, pero los datos apuntan a un modelo de concentración económica e impacto ambiental que podría marcar una de las páginas más oscuras del llamado “proyecto insignia” de la administración actual.
La promesa de desarrollo sostenible se transformó en un espejo roto donde la modernidad y la devastación avanzan sobre el mismo riel.
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