En un giro que sacude la ya desgastada imagen del gobierno estatal, un informe militar reveló que en 2021 operó un campo clandestino de entrenamiento para grupos criminales en el municipio de Las Choapas, Veracruz, y que dicho lugar estaría vinculado con la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
De acuerdo con fuentes castrenses, el sitio funcionó como un centro donde integrantes de la delincuencia organizada realizaban prácticas armadas y ejercicios tácticos, fortaleciendo su capacidad de fuego y organización territorial. Los señalamientos apuntan a una posible red de protección política que habría permitido su operación bajo el amparo de autoridades estatales.
La acusación coloca al gobernador en el centro de un nuevo escándalo, al sugerir su conocimiento o tolerancia hacia el funcionamiento del campamento. De confirmarse, implicaría una grave falta a su deber de garantizar la seguridad y el Estado de derecho en la entidad.
Hasta el momento, Cuitláhuac García no ha ofrecido una respuesta pública contundente. Su silencio alimenta las sospechas de omisión y complicidad, mientras la sociedad veracruzana exige una investigación seria e independiente que determine responsabilidades y sanciones ejemplares.
Veracruz vuelve así al foco nacional, no por sus avances, sino por la sombra del crimen organizado y la sospecha de corrupción política. Si el gobernador no logra despejar las dudas, este caso podría marcar el principio del fin de su carrera política.
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