El líder de los transportistas de la convulsa región mexicana de Michoacán está siendo interrogado en el marco de una investigación por supuestas reuniones de un ex alto funcionario con capos del cártel Los Caballeros Templarios, informó el miércoles la fiscalía federal.
El líder sindical José Trinidad Martínez Pasalagua, conocido en Michoacán (oeste) como "el zar del transporte", se "encuentra declarando en la Subprocuraduría de Investigación Especializada de Delincuencia Organizada" (vicefiscalía), dijo a la AFP un vocero de la fiscalía.
El sindicalista es investigado porque "se presume que acompañó" al ya detenido Jesús Reyna, exnúmero dos del gobierno de Michoacán, a una reunión con Servando Gómez, alias "La Tuta", actual líder de Los Caballeros Templarios, explicó.
Martínez Pasalagua, titular de la Comisión Reguladora del Transporte de Michoacán, fue ubicado la noche del martes por un imponente operativo de seguridad en su casa de un exclusivo barrio de Morelia, capital regional, y trasladado a la capital.
El líder de los transportistas fue también diputado por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, una región gran productora de limón y aguacate pero también clave para el narcotráfico mexicano.
Los cárteles han utilizado el importante puerto de Lázaro Cárdenas (Océano Pacífico) para ingresar precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas y también las recónditas montañas de la región para esconder plantaciones de marihuana y amapola.
Jesús Reyna, también del PRI, fue puesto el fin de semana en detención preventiva por sus presuntas reuniones con "La Tuta" y otros capos, e inmediatamente apartado de su cargo de secretario de Gobierno de Michoacán. El año pasado Reyna llegó a ejercer de gobernador interino entre abril y octubre.
Los Caballeros Templarios, el cártel dominante de Michoacán, es uno de los principales exportadores clandestinos de drogas sintéticas a Estados Unidos. "La Tuta" es su único jefe visible en libertad después de que un operativo militar desplegado por el gobierno detuviera o abatiera a sus otros tres cabecillas.
Varios transportistas de Michoacán habían dicho a la AFP en 2013 que, pese al operativo militar, seguían recibiendo amenazas del crimen organizado, que les exigía un pago mensual de 1.000 pesos (75 dólares) por camión.
