Ciudad de México.– Para mantener a raya la presión de Washington y “tener contento” a Donald Trump, el gobierno de México volvió a optar por la vía más cómoda: entregar criminales de alto perfil mientras guarda silencio sobre los vínculos políticos que los protegieron. Esta semana se confirmó el tercer traslado masivo de narcotraficantes a Estados Unidos, una operación que, en los hechos, funciona como moneda de cambio diplomática.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que 37 operadores de organizaciones criminales fueron enviados a territorio estadounidense, a solicitud del Departamento de Justicia de EUA, bajo el paraguas de la Ley de Seguridad Nacional y los mecanismos de cooperación bilateral.
El discurso oficial habla de colaboración, legalidad y combate al crimen. La lectura política es otra: México entrega piezas del ajedrez criminal para despresurizar la relación con Washington, mientras los narcopolíticos que facilitaron, encubrieron o se beneficiaron de esas estructuras permanecen intocados.
No es la primera vez. La estrategia se repite: cuando Estados Unidos aprieta, el gobierno mexicano responde con traslados espectaculares, sin tocar a funcionarios, exfuncionarios o figuras del poder regional señaladas por nexos con el narcotráfico. Capos salen del país; las redes de protección política se quedan.
El mensaje implícito es claro: se catafixian operadores criminales por estabilidad política y margen de maniobra internacional, especialmente frente a un eventual regreso de Trump al centro de la escena electoral estadounidense. La prioridad no es desmontar el sistema de complicidades, sino administrar la relación con el vecino del norte.
Así, la tercera entrega no solo confirma cooperación bilateral. Confirma también que, para el poder, es más rentable exportar narcos que investigar a quienes los hicieron posibles. Y mientras eso no cambie, la justicia seguirá cruzando la frontera… pero solo en una dirección.
