Ciudad de México.— La cifra estremece por sí sola: más de 130 mil personas desaparecidas en México, pero apenas poco más de 3 mil carpetas de investigación activas. No es solo una crisis de seguridad, es el retrato de un sistema rebasado y, para muchos, indiferente.
El desbalance es brutal. Mientras el número de víctimas crece año con año —con miles de nuevos casos registrados—, la capacidad del Estado para investigar, buscar y esclarecer los hechos simplemente no alcanza. Fiscalías saturadas, servicios forenses colapsados y ausencia de protocolos eficaces forman parte de un panorama que organizaciones civiles califican como una crisis estructural.
El problema no es solo la magnitud, sino la omisión. En México, desaparecer a una persona prácticamente no tiene consecuencias: la mayoría de los casos ni siquiera se convierte en una investigación formal.
A esto se suma la falta de información confiable. No existe claridad total sobre fosas clandestinas, restos humanos ni capacidad real de identificación forense, lo que agrava la incertidumbre de miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos sin apoyo suficiente del Estado.
En ese vacío institucional, han sido precisamente los familiares —madres, padres, colectivos— quienes han asumido la tarea de búsqueda, muchas veces arriesgando su vida. La tragedia se multiplica: no solo hay desaparecidos, también hay quienes desaparecen o son asesinados por buscarlos.
El trasfondo es político. La crisis exhibe una falla profunda del aparato de justicia y una deuda histórica del Estado mexicano. Más allá de discursos y cifras, el país enfrenta una realidad incómoda: no hay capacidad ni voluntad suficiente para investigar uno de los delitos más graves.
Hoy, México no solo carga con más de 130 mil ausencias. Carga con una pregunta que sigue sin respuesta: ¿quién los busca, quién los encuentra y quién responde por ellos?
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