AGENCIA SIM
Chetumal.- Las reformas para homologar la ley del sistema local anticorrupción con el nacional, se subieron al pleno de la sesión extraordinaria celebrada este viernes en el recinto legislativo.
Se discutió la creación de la ley orgánica del tribunal administrativo, que es el que va a atender todos los temas de corrupción; la Ley de la Fiscalía General para nombrar al Fiscal anticorrupción y la creación de la fiscalía anticorrupción; además de la ley del sistema anticorrupción, la nueva ley de las responsabilidades de los servidores públicos, la ley de la Auditoría Superior del Estado.
Otras iniciativas discutidas fueron las reformas a las leyes orgánicas de los órganos autónomos; la creación de este nuevo órgano de control interno, que sustituirán a las contralorías internas y que serán fiscalizadores directos del gasto público, tanto público como privado, donde está incluido el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como de la propia Fiscalía General del Estado.
Al respecto, el diputado presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila señaló que en esta discusión del Sistema Local Anticorrupción, tiene la participación la sociedad civil, esto permitirá el combate a la impunidad y a la corrupción.
“Hemos atendido combatir la cultura de la ilegalidad, hechos de corrupción, porque este sistema no solo trae la parte preventiva, correctiva, sancionatoria, sino que también incluimos que desde las escuelas se empiece a impartir talleres, cursos, pláticas, para ir generando a partir de la niñez y la juventud esta cultura de la legalidad y del combate a la corrupción”, enfatizó Martínez Arcila.
Agregó que el término apropiado es el combate permanente a la corrupción, porque lo que se busca es que el estado esté preparado para combatir dicha corrupción de manera frontal, de tal manera que si alguien comete un acto de esta naturaleza, se le detenga, se le enjuicie y se le castigue.
Por último dijo que la ciudadanía vaya siendo menos partícipe en estos actos de corrupción, porque estos se dan en los dos sentidos, en el ciudadano y en el de los funcionarios públicos; por eso es que se debe denunciar más cuando se tenga conocimiento de un acto de ilegalidad.
