Cancún, Quintana Roo, 16 de octubre de 2026.— Como parte de las acciones para combatir el robo de vehículos, fortalecer la seguridad y evitar que las víctimas enfrenten gastos adicionales, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la entrega de 12 unidades recuperadas por las autoridades, entre motocicletas, camionetas y un mototaxi, que fueron devueltas directamente a sus legítimos propietarios.
La entrega se realizó en las instalaciones del Complejo de Seguridad C5, donde la mandataria estatal destacó que la recuperación de bienes robados debe ir acompañada de mecanismos que faciliten su devolución, sin imponer nuevas cargas económicas a quienes ya fueron afectados por la delincuencia.
En esta ocasión, las autoridades restituyeron nueve motocicletas, un mototaxi y dos camionetas, unidades que habían sido sustraídas en diferentes circunstancias, desde robos mientras permanecían estacionadas hasta despojos cometidos mediante violencia.
Mara Lezama subrayó que uno de los aspectos fundamentales de esta estrategia es impedir que los propietarios tengan que pagar servicios de grúa, arrastre o almacenamiento en corralones para recuperar vehículos que les pertenecen.
Explicó que, una vez localizadas las unidades y realizados los procedimientos correspondientes, las instituciones que participan en la Mesa de Seguridad coordinan su devolución directa, con el propósito de evitar que las víctimas sufran una segunda afectación económica.
La gobernadora también destacó la importancia de presentar las denuncias correspondientes, ya que estas permiten activar los mecanismos de búsqueda, desarrollar las investigaciones y avanzar en la identificación de los responsables.
Durante el encuentro, algunos propietarios compartieron las circunstancias en las que fueron despojados de sus vehículos, evidenciando las distintas modalidades de este delito y las consecuencias económicas que representa para las familias.
Para quienes utilizan motocicletas, mototaxis o camionetas como herramientas de trabajo, la pérdida de una unidad puede significar también la interrupción de sus actividades productivas y una afectación directa a sus ingresos.
En ese sentido, la recuperación y devolución de estos bienes representa no solamente la restitución del patrimonio, sino también la posibilidad de que sus propietarios retomen sus actividades cotidianas y laborales.
Como medida adicional de prevención, la mandataria informó que los beneficiarios recibieron dispositivos de geolocalización GPS, con los cuales podrán monitorear sus vehículos y contar con una herramienta que facilite su localización ante un eventual robo.
En materia de procuración de justicia, Mara Lezama dio a conocer que existen personas vinculadas a proceso por delitos relacionados con estos casos, mientras que las investigaciones correspondientes continúan, particularmente en aquellos hechos donde las víctimas denunciaron haber sufrido violencia.
La vinculación a proceso representa una etapa del procedimiento penal y no constituye una sentencia condenatoria, por lo que las personas imputadas mantienen su presunción de inocencia.
La gobernadora sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia institucional orientada a combatir la impunidad y la corrupción, mediante el trabajo coordinado de las corporaciones de seguridad y las autoridades encargadas de la investigación de los delitos.
Asimismo, reiteró que la seguridad ciudadana no solamente implica prevenir y perseguir conductas delictivas, sino también garantizar que las víctimas reciban atención y puedan recuperar sus bienes sin enfrentar obstáculos administrativos innecesarios.
La devolución de las 12 unidades constituye un resultado concreto de las acciones de recuperación vehicular; sin embargo, el desafío para las instituciones de seguridad continúa siendo reducir la incidencia de robos, fortalecer las investigaciones y lograr que los responsables enfrenten los procedimientos legales correspondientes.
Con esta entrega, el gobierno de Quintana Roo busca consolidar un modelo de atención que coloque a las víctimas en el centro de las acciones de seguridad, privilegiando la restitución de su patrimonio, la coordinación institucional y el acceso efectivo a la justicia.




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