En un paso clave para la protección ambiental en el sureste mexicano, la gobernadora Mara Lezama encabezó la firma de un convenio interinstitucional con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y autoridades agrarias, con el objetivo de frenar la deforestación y fortalecer la defensa de la selva maya en Quintana Roo.
El acuerdo, considerado histórico, articula esfuerzos entre la PROFEPA, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional para vigilar el uso del suelo, combatir el desmonte ilegal y cerrar vacíos legales que durante años han permitido la degradación del territorio.
Defensa del patrimonio natural
Durante el evento, la mandataria destacó que Quintana Roo posee una de las mayores biodiversidades del país, pero advirtió que enfrenta riesgos reales debido a la fragilidad de sus ecosistemas.
En ese contexto, el convenio busca consolidar una estrategia integral que permita proteger el patrimonio natural, especialmente en zonas ejidales y comunidades, donde se concentra más del 80% del territorio estatal.
Coordinación para frenar la tala ilegal
La titular de PROFEPA, Mariana Boy, subrayó que el objetivo central es detener el desmonte ilegal en la región, una problemática creciente en la Península de Yucatán que amenaza uno de los sistemas forestales más importantes del planeta: la selva maya.
El acuerdo permitirá compartir información en tiempo real entre dependencias, mejorar la inspección ambiental y fortalecer la vigilancia sobre cambios de uso de suelo no autorizados.
Un modelo de acción conjunta
Autoridades agrarias coincidieron en que este convenio marca un cambio en la forma de atender el problema, al apostar por la coordinación institucional para erradicar prácticas como el acaparamiento de tierras y la explotación irregular de recursos naturales.
Además, se establecen medidas más estrictas para impedir la regularización de predios afectados por tala ilegal, eliminando incentivos que históricamente han favorecido la deforestación.
Desarrollo con responsabilidad
Lezama dejó claro que el desarrollo económico del estado debe ir de la mano con la conservación ambiental, al tratarse de recursos que sostienen a miles de familias y que, sin protección, comprometen el futuro de las próximas generaciones.
Con esta acción, el gobierno de Quintana Roo busca posicionarse como un referente en políticas ambientales, en un momento donde la presión sobre los recursos naturales exige respuestas firmes y coordinadas.
La apuesta es clara: crecimiento sí, pero con responsabilidad y defensa real del territorio.
