Mahahual, Quintana Roo.— En una resolución que deja más dudas que certezas sobre la tutela judicial del medio ambiente, magistrados federales avalaron, en los hechos, el avance del megaproyecto turístico “Perfect Day” de Royal Caribbean, al desechar el juicio de amparo que frenaba el desmonte de selva para la construcción de un parque acuático.
El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito resolvió revocar la admisión de la demanda promovida por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, bajo un argumento estrictamente formal: la extemporaneidad del recurso.
Con ello, dejó sin efectos la suspensión que impedía otorgar permisos al proyecto, liberando el camino para que la empresa continúe con los trámites administrativos y ambientales necesarios.
Legalidad formal contra justicia ambiental
La decisión evidencia un patrón preocupante en la justicia federal: privilegiar criterios procesales por encima del análisis de fondo en casos de alto impacto ambiental.
El tribunal no entró al estudio de posibles violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4º constitucional, sino que cerró la puerta por una cuestión de plazo, al considerar que la demanda debió presentarse antes del 30 de diciembre de 2025.
En términos jurídicos, esto implica que el control constitucional fue bloqueado sin examinar si el cambio de uso de suelo, el desmonte de aproximadamente 80 hectáreas de selva y la autorización del proyecto cumplen con los principios de legalidad, prevención y precaución ambiental.
Un precedente delicado
El caso no es menor. Apenas meses antes, un juzgado federal había concedido una suspensión provisional precisamente por el riesgo ambiental del proyecto, reconociendo posibles afectaciones a manglares, recursos hídricos y ecosistemas costeros.
Hoy, ese criterio queda desplazado por una resolución que, en los hechos, prioriza la viabilidad económica del proyecto sobre la protección ambiental, sin un análisis sustantivo del daño potencial.
El fondo que no se quiso ver
Detrás del litigio subsisten cuestionamientos jurídicos relevantes: la presunta falta de consulta pública en el cambio de uso de suelo autorizado por el Ayuntamiento de Othón P. Blanco; la posible violación a la legislación ambiental y urbana; y el impacto sobre ecosistemas estratégicos del Caribe mexicano.
Nada de eso fue resuelto.
Un fallo que reconfigura el litigio ambiental
El efecto inmediato es claro: Royal Caribbean recupera ruta jurídica para avanzar en un proyecto de alto impacto con inversión cercana a mil millones de dólares.
El efecto de fondo es más grave: se consolida un precedente donde el acceso a la justicia ambiental puede quedar neutralizado por tecnicismos procesales, debilitando la eficacia del juicio de amparo como herramienta de defensa colectiva.
Aunque el amparo fue desechado, el proyecto aún depende de autorizaciones federales en materia ambiental, particularmente de la Semarnat, lo que mantiene abierta una ventana legal para nuevas impugnaciones.
Sin embargo, el mensaje ya está dado: en el conflicto entre desarrollo turístico y protección ambiental, la balanza judicial comienza a inclinarse, pero no necesariamente del lado de los derechos humanos.
