La “lluvia” de amparos de ex funcionarios estatales, algunos de ellos señalados de forma directa de formar parte del proceso de desfalco cometido en contra del erario público, se mantiene de forma constante en los estrados de los diversos juzgados federales como una manera de buscar la forma de evitar que en cualquier momento se concreten órdenes de aprehensión en su contra como ya ocurrió con Mauricio Rodríguez Marrufo.
Previo a la detención del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), quien por cierto también ya había estado solicitando amparos, lo han hecho también personajes como Hugo Favio Bonilla Iglesias, ex director de Ingresos del Ayuntamiento de Benito Juárez en la administración pasada y posteriormente suplente de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.
Lo mismo, ha hecho se forma reiterada la ex titular del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, de acuerdo a publicaciones de los últimos días de la lista de estrados de los juzgados federales dependientes del Poder Judicial Federal.
A ambos funcionarios de alguna u otra forma, se les vincula con irregularidades cometidas durante el tiempo que estuvieron en los cargos antes mencionados, motivo por el cual los amparos que han solicitado, han sido enfocados para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra.
De forma específica en los últimos días (4 de mayo) se publicó en la lista de estrados tanto del Juzgado Cuarto como del Quinto de Distrito, dos solicitudes recientes de Hugo Favio Bonilla Iglesias que son los expedientes 518 y 520, ambos de 2017 de manera respectiva.
El primero de ellos es en contra de todo acto del Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún y el segundo, en contra del Juez Primero de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Cancún.
En los dos trámites, el punto del acto reclamado es orden de aprehensión del ámbito penal, con lo que se confirma que siente pasos en la azotea.
De igual manera, se encuentran los trámites de Claudia Romanillos Villanueva ante diversos juzgados, uno de ellos el Séptimo de Distrito que le asignó el número de expediente 601/2017 donde también, la ex funcionaria quiere protegerse de cualquier orden de aprehensión en su contra.
Y así, en esta “danza” de amparos se avecina una verdadera cascada de trámites de ex funcionarios municipales y estatales vinculados con anomalías cometidas durante su gestión en las administraciones pasadas, pues dentro de la Fiscalía General del Estado existen aún carpetas de investigación en proceso de integración y otras ya turnadas al juez correspondiente para que se giren las respectivas órdenes de aprehensión.
