Campeche, México.— La liberación de José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, lejos de cerrar el capítulo, profundizó las sospechas de un entramado legal diseñado para justificar la injerencia política en la universidad, con señalamientos directos hacia el gobierno de la Campeche encabezado por la gobernadora Layda Sansores San Román.
El exrector fue detenido bajo el argumento de posesión de drogas, pero recuperó su libertad tras quedar en evidencia la debilidad del caso: una imputación sostenida sin pruebas periciales contundentes, basada esencialmente en el dicho de agentes y sin registros técnicos que acreditaran la supuesta droga. La resolución judicial abrió la puerta a una lectura política del expediente.
En el ámbito universitario, la detención fue interpretada como un mensaje de fuerza y un intento de quebrar la autonomía de la UACAM. La secuencia de hechos —arresto, presión mediática y movimientos internos para alterar la gobernabilidad universitaria— alimentó la tesis de un uso instrumental del sistema penal para remover a una autoridad incómoda y facilitar la intervención externa en la vida académica.
La confrontación previa entre Abud Flores y el Ejecutivo estatal había escalado por la defensa de la autonomía universitaria y la negativa a permitir intromisiones político-partidistas en el campus. Tras la detención, se denunciaron intentos de convocar decisiones clave fuera de los órganos colegiados, lo que reforzó la percepción de una operación coordinada.
La liberación del exrector no borra el daño: deja preguntas sobre quién ordenó el operativo, por qué se activó una acusación endeble y qué intereses se mueven detrás de la pretensión de controlar una institución autónoma. Para académicos y juristas, el caso exhibe un riesgo mayor: la criminalización selectiva como herramienta para disciplinar espacios críticos.
Hoy, con el exrector en libertad, el foco se traslada del expediente penal a la responsabilidad política. La autonomía universitaria, advierten voces internas, no se defiende con discursos, sino evitando que la ley se convierta en pretexto para la intervención. El precedente está sobre la mesa. La pregunta es si habrá consecuencias o si el mensaje será que todo se vale cuando el objetivo es someter a una casa de estudios.
