Ciudad de México. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio violenta la presunción de inocencia y pone en riesgo el respeto a la propiedad privada, por lo que llamó al Ejecutivo para que la vete y sea ajustada por los legisladores.
Si bien ese organismo empresarial respaldó al gobierno federal en su tarea de enfrentar la delincuencia y combatir la corrupción, sostuvo que dichas actividades “no deben soportarse en leyes que impliquen un riesgo latente en contra de los derechos humanos, al ignorar la presunción de inocencia, y dejar vulnerable la propiedad privada”
Consideró que con la Ley, aprobada en el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, se corre el riesgo de quitarle la propiedad a ciudadanos de buena fe, como por ejemplo, cuando se presenten faltas administrativas relacionadas con la violación o remoción de sellos de clausura en establecimientos mercantiles.
Afirmó que la desposesión y la venta anticipada de bienes de propiedad de personas presuntamente involucradas en actos ilícitos, aunado a la ampliación exponencial de las conductas que podrían justificar tal medida sin que exista una sentencia condenatoria, se genera un grave riesgo de vulnerar el debido proceso.
Consideró que es excesivo que se faculte al gobierno a expoliar bienes sin que medie la sentencia de un juez, pues argumentó que en la normatividad aún vigente, la extinción de dominio se limitaba exclusivamente a delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, sin embargo, con la legislación aprobada, el número de nuevos tipos penales que podrían detonar la extinción de dominio aumentaría de 5 hasta llegar a 245.
“La extinción de dominio está diseñada para combatir el poderío económico de la delincuencia organizada, no para crear incertidumbre a los ciudadanos expuestos a una conducta errónea, excesiva o represiva del Estado”, indicó.
Coparmex llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a ejercer su derecho a veto y realice las observaciones pertinentes, como acotar los tipos penales al crimen organizado y narcotráfico, para que las comisiones dictaminadoras ajusten la normatividad y la doten de los candados necesarios que permitan una correcta implementación de la Ley, eliminando la incertidumbre jurídica y el riesgo de actos arbitrarios que pudieran afectar a los ciudadanos de bien.
Acotó que si el Ejecutivo no ejerce su derecho de veto implica una práctica antidemocrática, pues está previsto en la Constitución, como un proceso formal de la responsabilidad compartida del Poder Ejecutivo y el Legislativo, en la formación de leyes justas.
