Playa del Carmen.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó el recurso de controversia constitucional interpuesto por el Ayuntamiento de Solidaridad en contra del Poder Ejecutivo del Estado, por haber tomado el control de la Dirección de Seguridad Pública. Ahora toca a la parte demandada contestar en un plazo de 30 días, debiendo entregar todos los antecedentes del caso.
Se trata de la controversia constitucional con número de expediente 216/2019, publicado hoy en estrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El recurso fue ingresado el pasado 7 de junio, 24 días después que la Secretaría de Seguridad Pública estatal, encabezada por Alberto Capella, haya tomado el mando de la Policía Municipal.
Como corresponde en estos casos, el recurso fue presentado por el síndico municipal, Omar Sánchez Cutis, quien extraoficialmente se comentaba que no quería firmar este documento, que fue entregado acompañado de diversos documentales.
“Se tiene como demandado en este procedimiento constitucional al Poder Ejecutivo de Quintana Roo, el cual debe comparecer por conducto de su representante legal y, en su caso, dictar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución que se emita en este asunto”, se indica en la notificación.
Toca al Gobierno del Estado contestar a este recurso dentro de 30 días hábiles, además de deber remitir todos los antecedentes y documentales relacionados con el caso.
También se instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal que manifiesten su parecer.
El pasado 14 de mayo, salió publicado en el Periódico Oficial un decreto, supuestamente firmado la noche anterior, por el cual el Ejecutivo tomaba el control de la Dirección de Seguridad Pública de Solidaridad, algo que fue efectuado esa misma noche, instalándose un “mando único” de facto.
La intervención fue justificada por un supuesto aumento en los índices delictivos, situación “de emergencia” con lo que se asumió la seguridad “con carácter excepcional, limitado y estrictamente temporal”.
El decreto es hasta el 10 de septiembre, aunque según explicó Capella Ibarra, pueden emitir otros para prolongar este plazo, colocado únicamente por consideraciones legales.
El gobierno municipal consideró esta acción unilateral como un atropello de su autonomía, sin precedentes en la historia local, y con base en datos estadísticos que resultan estar falseados.
El traslado de mando ocurrió de forma pacífica y sin sobresaltos y la Policía Municipal ha continuado su operación sin novedad. El director de Seguridad Pública, Martín Estrada, continúa al frente de la corporación e incluso acudió a la supuesta bodega de campaña del PAN, en donde los policías permitieron la salida de los operadores retenidos, ante la mirada atónita de los inconformes allí reunidos.
De acuerdo a declaraciones de Capella Ibarra hechas ayer, desde la entrada de este mando único por decreto, hace tres semanas, los homicidios han disminuido un 50%, aunque ese mismo día dos personas murieron ejecutadas en hechos distintos.
