Ciudad de México.— Un error elemental exhibió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y encendió las alarmas sobre el rigor con el que se toman decisiones de alto impacto social: se anunció como aprobado un proyecto sobre pensiones de la Comisión Federal de Electricidad que en realidad había sido rechazado por la mayoría de los ministros.
Durante la sesión pública, el secretario general de acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, erró en el conteo de votos y dio por válida una resolución inexistente. El anuncio se hizo con formalidad, se cerró la discusión y el mensaje salió al país como si la Corte hubiera fijado criterio obligatorio, cuando cinco ministros votaron en contra y solo cuatro a favor.
El proyecto, impulsado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, buscaba condicionar el pago retroactivo de pensiones a trabajadores de la CFE a trámites previos ante el sindicato o la empresa. La mayoría del pleno rechazó ese criterio, pero el error administrativo lo convirtió, por unos minutos, en “jurisprudencia fantasma”.
El yerro no es menor. En la práctica, una mala suma alteró el sentido de una decisión que afecta derechos laborales y prestaciones económicas, y dejó al descubierto fallas internas en el corazón del Poder Judicial. Fue hasta después, cuando algunos ministros advirtieron la incongruencia, que se aceptó que el resultado anunciado no correspondía con la votación real.
La Corte anunció que corregirá el acta en una sesión posterior. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: la imagen de certeza, pulcritud y control quedó comprometida. Para especialistas, el episodio evidencia una preocupante fragilidad operativa en un tribunal que exige precisión absoluta.
Más allá de la corrección formal, el caso deja una pregunta incómoda: si un error así ocurre a la vista de todos, ¿qué garantías existen de que otros no pasen inadvertidos? La Tremenda Corte, esta vez, se tropezó sola.
