La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las escuelas de todos los niveles educativos podrán impugnar la prohibición de venta de comida chatarra dentro de sus instalaciones, siempre que acrediten una afectación directa derivada de dicha medida.
La decisión de la Corte
El fallo del máximo tribunal no elimina la prohibición general de comercializar productos ultraprocesados en los planteles escolares, pero establece que las instituciones educativas tienen derecho a solicitar una suspensión provisional de la norma mientras un juez analiza el fondo del asunto.
Esto significa que las escuelas podrán recurrir al amparo si consideran que la medida les causa perjuicios económicos u operativos, abriendo un precedente que redefine el alcance de las políticas alimentarias dentro del sistema educativo.
Implicaciones del fallo
Para los planteles escolares, se abre una vía legal que les permite pedir excepciones a la norma, bajo el argumento de afectación directa.
Para las autoridades sanitarias y educativas, el reto será mantener una regulación coherente que no debilite los esfuerzos para combatir la obesidad infantil.
Para los padres de familia, surge la interrogante sobre cómo garantizar que la apertura a impugnaciones no afecte la salud alimentaria de niñas, niños y adolescentes.
El trasfondo del debate
La prohibición de venta de comida chatarra en las escuelas se implementó como parte de una política nacional para reducir los índices de sobrepeso y obesidad infantil, que en México alcanzan niveles alarmantes. Sin embargo, algunos planteles argumentaron que la restricción les afectaba económicamente o interfería con su autonomía administrativa.
Con esta resolución, la Corte abre la puerta a que cada institución pueda presentar su caso individual, lo que podría generar una diversidad de criterios judiciales y obligar a las autoridades a revisar la aplicación de la política pública.
Entre la salud y la autonomía
El fallo marca un punto de equilibrio entre la protección del derecho a la salud y la autonomía operativa de las instituciones educativas. Mientras el gobierno federal busca reforzar los programas de alimentación saludable, las escuelas podrán defender sus intereses ante los tribunales cuando consideren que la norma se aplica de manera injustificada.
En los próximos meses, el sistema judicial deberá definir los límites de esta nueva posibilidad legal, en una discusión que coloca en el centro el bienestar infantil y la responsabilidad compartida de Estado, escuelas y familias en la formación de hábitos saludables.
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