Tulum, Quintana Roo.– En un movimiento que mezcla poder militar, control territorial y negocio turístico, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumió la administración del Parque Nacional del Jaguar en diciembre de 2024, y en menos de un año ha transformado radicalmente la dinámica turística en la zona.
Desde entonces, las autoridades castrenses han extendido su control hasta los accesos principales a la zona arqueológica y las playas de Tulum, imponiendo nuevas cuotas de entrada que van de 105 hasta más de 500 pesos, tanto para nacionales como extranjeros.
Comerciantes y empresarios locales aseguran que el impacto ha sido devastador: la ocupación hotelera, que en temporada alta solía superar el 90 %, cayó este verano hasta 30 %, niveles que no se veían desde la pandemia. Tiendas de artesanías, restaurantes, clubes de playa y tours de buceo reportan pérdidas severas.
Pese a las protestas ciudadanas que consiguieron reabrir un acceso alterno al sur, los comerciantes afirman que no es suficiente para revertir el daño. Denuncian que el control militar no solo es administrativo: los soldados y la Guardia Nacional vigilan precios, restringen accesos y regulan actividades locales como si fueran autoridades municipales.
Para concretar su presencia, la Sedena creó la empresa pública Gafsacomm, con la que gestiona obras turísticas y operaciones del parque, al mismo tiempo que permite la construcción de condominios de lujo dentro del área de influencia del Parque Nacional del Jaguar.
Lo que comenzó como una intervención administrativa se ha convertido en una ocupación sistemática del turismo y del territorio en Tulum. Hoy, los prestadores de servicios, comerciantes y residentes operan bajo el control militar, o se arriesgan a perder sus medios de vida.
