Los gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal se comprometieron a signar un convenio que homologue a nivel nacional la instrumentación del mando único policial estatal, en tanto que el Congreso de la Unión avala la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto; además, el Consejo Nacional de Seguridad Pública pactó una metodología para homologar la clasificación de delitos, establecer un salario mínimo y digno para policías, y entablar protocolos de investigación de desaparición forzada y tortura.
Así lo determinaron autoridades federales y locales encabezadas por el presidente Enrique Peña Nieto en la 37 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se llevó a cabo en la residencia oficial de Los Pinos el viernes pasado.
En cuanto al mando único, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a proponer el modelo de estructura orgánica mínima estatal, así como las bases y procesos homologados de operación para poner en marcha el modelo único en las entidades que así lo deseen, medidas que se llevarán a cabo en tanto el Congreso de la Unión defina el tema.
Jorge Herrera Caldera, presidente de la Conago y gobernador de Durango, dijo que el mando único incluye dar un salto cuantitativo y cualitativo en el modelo policial, pero las autoridades locales están listas para ello, mientras Hilda González, alcaldesa de Toluca, dijo que esto no es un paso fácil para el nivel municipal pero los alcaldes estarán a la altura de las circunstancias.
A propósito, Peña Nieto expuso que hay avances en materia de seguridad pero no son suficientes.
Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, expresó que se hará un diagnóstico sobre los sueldos y el catálogo de prestaciones de las policías municipales y estatales, para hacer propuesta de salario mínimo policial nacional y de prestaciones básicas, entre ellas un seguro de vida, seguro de gastos médicos, becas para hijos de policías y apoyos para las familias de policías caídos en cumplimiento del deber.
Además de una metodología uniforme para el registro y reporte de la incidencia delictiva a nivel nacional, se pactó un servicio homologado para la atención de llamadas de emergencia en todo el país y la elaboración de los protocolos de investigación en materia de desaparición forzada y tortura.
