Chetumal.-La Fiscalía General del Estado obtuvo este día, de un Juez de Control, un total de 17 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, todos ellos relacionados con el saqueo de recursos públicos.
De acuerdo a pruebas recabadas, uno de los principales inculpados y cuyo nombre aparece en la lista, es el ex titular del Programa Basura por Alimentos y Brigadas del Bienestar, Israel Hernández Radilla, por el desvió de 30 millones de pesos.
Según trascendió, el objetivo fundamental es que dichas órdenes sean ejecutadas a la brevedad posible, en el caso de Hernández Radilla antes de que el citado personaje rinda protesta como dirigente municipal del PVEM del municipio de Othón P. Blanco, dado que fue uno de los principales operadores del ex mandatario quintanarroense en la operación de campañas políticas del PRI con cargo al erario público.
Israel Hernández Radilla no sólo fue uno de los principales beneficiados por el desvío de recursos, sino que también ordenó y coordinó, bajo el pretexto de apoyar las campañas del entonces candidato Mauricio Góngora, recursos del Fondo Nacional de Desastres, Liconsa y Diconsa, en el que utilizó despensas destinadas a damnificados y beneficiarios respectivamente, para operar en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar.
Se le señala también haber desviado los recursos que se obtenían de la venta del reciclaje a empresas del Estado de Yucatán, vendiéndose muy por debajo de su precio comercial y obteniendo grandes dividendos., que nunca fueron reportados al Gobierno del Estado.
Eliezer Villanueva, Juan Pablo Guillermo, Alejandro Marrufo Roldán y Claudia Romanillos, también son citados en el expediente y que esperan poner tras las rejas para que los actos de corrupción cometidos en el pasado gobierno no queden en la impunidad.
Trascendió que luego de que fueron liberadas las órdenes de aprehensión, varios ex funcionarios fueron alertados desde el mismo Tribunal Superior de Justicia, por lo que comenzaron a solicitar amparos contra cualquier acto de autoridad del Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado, aunque algunos de ellos no procederán por ser tipificados como graves, los delitos cometidos.
