Ciudad de México.- Los grandes proyectos que emprendió el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el aeropuerto internacional de Santa Lucía y el Tren Maya podrían reprogramarse, luego de que un juez federal concedió una suspensión de amparo cuyo efecto obliga al gobierno del presidente a hacer lo necesario para amortizar los efectos económicos generados por la pandemia del COVID-19.
El juicio de amparo promovido el 11 de abril pasado por el abogado Adolfo Solís Farias, en representación de la microempresa de Baja California, Cervecería Infinito, establece que dicha firma se dijo afectada por las decisiones de gobierno ante los efectos de la pandemia del COVID-19.
De esta forma y en un acuerdo publicado a principios de semana, José Rivas González, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Baja California, dijo que es procedente reasignar parte del presupuesto destinado a la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Corredor Transístmico, 'Jóvenes Construyendo el Futuro', así como el dinero obtenido por la extinción de fideicomisos, para garantizar el empleo.
El magistrado estimó que el presupuesto de dichos proyectos, considerados por la administración federal como prioritarios, no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar.
En su resolutivo, Rivas González concedió “la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones tomen las medidas necesarias para la protección de las fuentes de empleo ante la crisis causada por la emergencia sanitaria global ocasionada por el COVID-19”.
Aseguró que los empleos resultan esenciales para que los trabajadores puedan subsistir y, con ello, pueden acceder a un salario que les permita garantizar sus necesidades básicas tanto en lo personal como en lo familiar, inherentes al derecho humano a la alimentación, vivienda, salud y trabajo, entre otros.
La suspensión permanecerá vigente hasta en tanto se notifiquen a las autoridades responsables la resolución relativa a la suspensión definitiva que se dicte de manera incidental dentro del presente juicio de amparo.
Solis Farías dijo que la base del amparo está en la recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de no solo adoptar medidas sanitarias, sino también medidas económicas y laborales que permitan sufragar las necesidades de la población.
“Por primera vez en México, de forma inédita, un juez avaló que se reordenara la asignación presupuestal y esa es una cuestión extraordinaria, porque el juez dice que el Estado está obligado, como prioridad nacional, a preservar el empleo y por tanto los trabajadores están por encima, inclusive, de los presupuestos”, agregó.
