Buenas noticias

Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, en el que Quintana Roo resulta como una de las entidades que recibirá mayores inversiones públicas en este renglón. Por ejemplo, se contempla la modernización de los  aeropuertos de Cancún y de Chetumal, la construcción del Hospital de oncología en la capital, obras carreteras e infraestructura para agua potable y saneamiento, con inversión de 20 mil 456 millones de pesos.

El gobernador Roberto Borge destacó que el Plan Nacional de Infraestructura también considera recursos para mejorar la imagen urbana de Cancún, y para los programas de obras y mantenimiento de la Marina Cozumel y de Desarrollos Turísticos Regionales.

Quintana Roo es una de las entidades que mayores beneficios recibirá en este sexenio, lo que lo seguirá fortaleciendo como destino líder del turismo en el Caribe y Latinoamérica. No cabe duda que las gestiones y los planteamientos del gobernador Borge Angulo han encontrado eco en el Presidente Enrique Peña Nieto.

ORDENAMIENTO CÍVICO

La Ley de Ordenamiento Social no entrará en vigor sino que será substituida por una nueva Ley de Ordenamiento Cívico, que elimina ambigüedades y precisa con rigor el respeto a la libre manifestación y el ámbito y dimensión de todos sus alcances. Será una ley que no limita sino que garantiza los derechos de todos.

El diputado José Luis Toledo, presidente de la Gran Comisión de la actual legislatura, destacó que “la actuación del Estado nunca puede implicar negar o suprimir derechos, sino que debe establecerse bajo un principio de proporcionalidad, que permita armonizar los derechos de manera razonable, en la medida en que se logra que todas las personas involucradas en el ejercicio de un derecho humano tanto activas como pasivas, ejerzan sus derechos y ninguna sea suprimido o negado por el otro”.

Para “Chanito”, el trabajo legislativo implica un constante ejercicio de intercambio y apertura, de establecer mecanismo de diálogo de búsqueda de consensos.

La nueva Ley que ya se cocina en el Congreso brinda condiciones que permiten un pleno ejercicio de los derechos humanos de manifestación y reunión, atendiendo a su máxima protección; no genera ninguna obligación a los manifestantes distinta a la Constitución, no hay condicionantes para su ejercicio de derechos; recoge las inquietudes en cuanto al establecimiento de protocolos de protección y manuales para que la autoridad actúe de forma especializada en caso de marchas o plantones.

También se faculta al Ombusman del Estado para que vigile el respeto de los derechos humanos de los manifestantes