En un fallo unánime, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) confirmó que la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, intentó censurar publicaciones críticas en su contra, al promover una denuncia por supuesta violencia política de género que fue descartada por falta de sustento legal.
El tribunal respaldó la resolución previa del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), que había desestimado la petición de medidas cautelares solicitadas por la edil para frenar la difusión de reportajes sobre irregularidades en su gestión. El fallo concluyó que los contenidos periodísticos se encuentran protegidos por el derecho constitucional a la libertad de expresión, al no configurarse los elementos establecidos en la jurisprudencia 21/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Una estrategia reciclada de otras funcionarias bajo presión
Con este revés, Atenea Gómez se suma a una tendencia cada vez más evidente entre figuras políticas bajo escrutinio, quienes han recurrido al discurso de “violencia política de género” no como una herramienta de protección real, sino como una forma de blindaje contra el periodismo incómodo y las críticas ciudadanas.
Casos similares han sido protagonizados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y otras funcionarias que buscan deslegitimar la labor informativa mediante denuncias que confunden crítica con violencia, en una estrategia que ha encendido alertas sobre el uso político del género como mecanismo de censura.
¿Qué intentó censurar Atenea Gómez?
La denuncia de la alcaldesa pretendía bloquear la publicación de notas periodísticas que revelan presuntas irregularidades en su administración, entre ellas:
La supuesta venta del aeródromo municipal a un consorcio privado para un megaproyecto inmobiliario.
El nombramiento de su primo, Hernán Magaña Vargas, en un cargo estratégico del gobierno municipal.
Un esquema de arrendamiento vehicular por casi 100 millones de pesos, cuestionado por su opacidad y sobrecosto.
Vínculos de su esposo, Jorge Martín Álvarez, con contrataciones en obra pública local.
También se han documentado reportes sobre la tala de árboles en la colonia La Gloria, el uso excesivo del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) —cuestionado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos—, y el manejo turbio de la información oficial durante la balacera del pasado 27 de mayo, en la que dos personas perdieron la vida en hechos violentos que sacudieron a la isla. Usuarios de redes sociales acusaron a elementos de la policía municipal de manipular versiones y proteger a grupos delictivos.
Además, la trayectoria política de la presidenta también ha sido señalada como camaleónica, al renunciar al PAN en 2022, unirse a Morena en 2023, y mostrar acercamientos recientes con el Partido del Trabajo (PT), lo que ha generado cuestionamientos sobre su congruencia ideológica.
El fallo del tribunal: crítica no es violencia
El Teqroo reafirmó que el ejercicio del periodismo, aunque crítico o incómodo, no constituye violencia política de género si no cumple con los elementos jurídicos que la configuran: intencionalidad de dañar por razón de género, obstaculización del ejercicio del cargo, y un entorno sistemático de discriminación.
Este criterio refuerza la protección a la libertad de prensa en Quintana Roo y sienta un precedente importante: la crítica política, la rendición de cuentas y el periodismo de investigación no pueden ser suprimidos con denuncias sin sustento.
El caso pasará ahora a la sala Xalapa del Tribunal Electoral Federal, si es que la alcaldesa decide impugnar nuevamente el fallo. Sin embargo, las resoluciones locales ya marcan una línea clara: el uso político del género no puede convertirse en una mordaza para la prensa.
¿Víctima o estrategia política?
El intento fallido de Atenea Gómez de silenciar reportes incómodos reabre el debate sobre el abuso de figuras jurídicas diseñadas para proteger a mujeres en la vida pública. Activistas y especialistas en comunicación han advertido sobre el riesgo de trivializar la violencia política de género, al usarla como argumento de defensa ante señalamientos legítimos de corrupción, nepotismo o manejo opaco del poder.
