La Contraloría General de la República ordenó este lunes el inicio de un procedimiento de auditoría patrimonial contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por supuestamente haber “falseado datos contenidos en su declaración jurada de patrimonio”.
Elvis Amoroso, titular de la Contraloría de Venezuela, aseguró que el también presidente de la Asamblea Nacional (AN) ha recibido dinero “de instancias nacionales e internacionales sin ningún tipo de justificación”.
Amoroso recordó que entre sus competencias está “la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un lapso de 15 años para aquellos que cometan irregularidades”. Esta medida también ha sido utilizada contra otros líderes opositores desde el mandato de Hugo Chávez y durante el gobierno de Maduro.
Además, señaló que la auditoría patrimonial es el mecanismo para comprobar la veracidad de la declaración de patrimonio.
“Los diputados son a dedicación exclusiva y no pueden recibir ningún tipo de remuneración con ocasión de otro trabajo público o privado. No podrán ser propietarios, administradores o directores de empresas ni podrán gestionar causas particulares de intereses lucrativos”, dijo el Amoroso.
Los diputados de la Asamblea Nacional electa por voto popular en 2015 han denunciado que el gobierno de Maduro no les entrega recursos, por lo que no reciben salario ni presupuesto para operar.
El 29 de enero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretó la prohibición de salida del país contra Juan Guaidó y congeló sus cuentas bancarias y propiedades en Venezuela.
Amoroso aseveró que, de acuerdo con “las competencias que le otorga la ley” y en respeto a los establecido en la Constitución, “se tomó la decisión de abrir esta investigación contra el presidente de la Asamblea Nacional para comprobar la veracidad de la declaración jurada del patrimonio y evaluar la actual situación patrimonial y sus actividades económicas”.
Este sería la segunda investigación en contra del presidente encargado de Venezuela, luego de que el pasado 29 de enero, el fiscal general Tarek William Saab, solicitara al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) medidas cautelares en contra de Guaidó, en las que se incluyen la prohibición de salida del país, la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y el bloqueo de sus cuentas bancarias.
La medida se tomó luego de que Maduro solicitara públicamente una investigación contra Guaidó por presunta “usurpación” de la presidencia. Este acto ha sido calificado por opositores como una muestra de que no hay independencia de poderes en el gobierno de Nicolás Maduro.
En ese momento, Saab dijo que la solicitud se hizo en función de una investigación preliminar hecha por el Ministerio Público por “los diversos acontecimientos violentos, suscitados en Venezuela a partir del 22 de enero, que permitió inclusive que países extranjeros solicitasen a Venezuela medidas sumamente graves que alteran el orden constitucional, entre ellas nada más y nada menos que el congelamiento de cuentas”.
Tanto el contralor como el fiscal general de Venezuela fueron nombrados por la Asamblea Nacional Constituyente, constituida en su totalidad por diputados leales a Nicolás Maduro, quien convocó a su elección tras perder los comicios en los que se eligieron a los diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos Juan Guaidó.
Elvis Amoroso fue diputado constituyente y vicepresidente de esa instancia supraconstitucional antes de ser designado como contralor. El 25 de enero de este año participó en un acto de “respaldo de los poderes públicos” a Maduro y desconocimiento de Guaidó como presidente encargado.
