AGENCIA SIM
Cancún.- El Ayuntamiento de Benito Juárez está incurriendo en el delito de uso indebido de la función al no acatar el fallo de un juez, que ordenó la suspensión de trabajos en Punta Nizuc, advirtió Katerine Ender, presidenta del Movimiento en Pro de los Derechos del Pueblo.
Un grupo de ambientalistas promovió un amparo y logró obtener una suspensión para la construcción de un pretendido hotel RIU en este sector de la Zona Hotelera de Cancún. Aunque la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, que dirige Francisco Javier Zubirán Padilla, ya fue notificado oficialmente de esta resolución desde el 5 de septiembre, las autoridades del municipio no han hecho nada para frenar estos trabajos.
En tanto, la empresa ha acelerado el ritmo de las obras, avanzando con el desmonte y aplanado de la tierra.
“Están haciendo lo mismo que en Ynfinity, en Tajamar, en donde las autoridades dilataron todos los procedimientos en tanto el desarrollador procede a consumar su delito, pues todos sabemos que sale mejor pedir perdón que pedir permiso”, explicó la activista, que no forma parte de quienes recurrieron a un amparo, pero sí presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.
“Lo importante aquí no es sólo denunciar, sino dar el debido seguimiento. Aquí mi consejo para los que se ampararon es que notifiquen al juzgado cuarto de este desacato y que con un actuario y agente de la Policía Ministerial tomen fe de lo que está ocurriendo”, señaló.
Debido a la inacción del Ayuntamiento, el hotel hasta ahora no ha sido oficialmente notificado, por lo que técnicamente no estaría en desacato; no obstante, ya impugnaron el fallo judicial, lo que significa que sí están enterados de él.
“Aquí hablamos de una omisión que se configura como delito, por ser uso indebido de la función, aquí hay que obligar a la acción, convocar a la ciudadanía, si realmente quieren salvar el lugar, a evitar la entrada de maquinaria o de personal y exigir que acudan inspectores”, aconsejó.
EN EL BANQUILLO
En cuanto al litigio por Tajamar, que avanza tanto por vía administrativa como penal, Ender reveló que ya han sido citados a comparecer ante la Procuraduría General de la República (PGR) varios de los desarrolladores implicados en el ecocidio original, además se estaría convocando en fecha futura a los empresarios detrás de Ynfinity.
Entre los que ya tiene citatorios, se encuentran Francisco Córdova Lira, empresario que actualmente coordina la Mesa de Seguridad y Justicia; y Germán Orozco, dueño de Aquaworld.
