A días de que entre en vigor la polémica “Ley Chaleco”, cientos de motociclistas en Cancún denuncian falta de apoyo y claridad por parte de las autoridades municipales para cumplir con las nuevas disposiciones que obligan a portar chalecos reflectantes con el número de placa visible.
Representantes de la Alianza de Motociclistas de Quintana Roo, que agrupa a más de 10 mil conductores en al menos 85 agrupaciones, calificaron como injusto que se pretenda aplicar la ley sin antes establecer mecanismos de apoyo real para la regularización de los vehículos. El líder del gremio, conocido como “El Diablo”, lamentó que hasta el momento no haya fecha oficial ni lineamientos claros, pero sí presiones para cumplir con una normativa que consideran poco sensible ante la situación económica de muchos motociclistas.
“Hay compañeros que tienen motos que valen dos mil pesos y deben más de 20 mil en tenencias y trámites. ¿Cómo esperan que se regularicen sin ningún tipo de ayuda?”, expresó.
La Ley Chaleco, que supuestamente busca combatir delitos vinculados al uso de motocicletas, ha sido duramente criticada por su enfoque punitivo más que preventivo. Motociclistas advierten que, lejos de mejorar la seguridad, esta medida podría convertirse en una herramienta más de persecución y corrupción, al exigir requisitos costosos e imponer sanciones a quienes no los cumplan.
Los integrantes de la Alianza señalaron que están dispuestos a colaborar en la regularización del parque vehicular, pero exigen un programa de transición con subsidios y facilidades administrativas que, hasta ahora, no han sido ofrecidos por el Ayuntamiento.
“Queremos apoyar a nuestros compañeros, pero no podemos hacerlo solos. No se puede hablar de orden sin ofrecer condiciones mínimas para alcanzarlo”, reiteraron.
En medio de esta incertidumbre, los motociclistas se mantienen en alerta, temiendo operativos arbitrarios y multas desproporcionadas una vez que la ley se publique oficialmente. La desconfianza en las autoridades crece, mientras la entrada en vigor de la ley se percibe como inminente y carente de diálogo con los principales afectados.
