La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, sostuvo una reunión formal con Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo del máximo tribunal constitucional del país, quien asumirá el cargo el próximo 1 de septiembre.
“En la reunión se establecieron las líneas de trabajo para dar continuidad al proceso de transición de la Corte, con el compromiso de integrar equipos de trabajo que den certidumbre y justicia a las personas justiciables y a la sociedad mexicana”, cita el breve comunicado de prensa emitido.
El “diálogo abierto, cordial, fructífero y con un ánimo de transparencia”, precisa, tuvo lugar en la sede de la SCJN.
Como parte de la transición, la Corte conformó desde el mes pasado un grupo de trabajo que integran Rafael Coello, Melesio Ramos, Gisela Morales González, Natalia Reyes Heroles y Christian Cymet López, secretario general de acuerdos, subsecretario general de acuerdos, Oficial Mayor, secretaria general de la Presidencia y contralor de la SCJN, respectivamente, para la elaboración de los informes correspondientes.
En su calidad de presidente de la primera Corte electo por voto popular en la historia de México, Aguilar Ortiz recibirá los reportes a detalle sobre la entrega de recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales al 31 de agosto próximo, cuando concluirá sus funciones la integración actual del máximo tribunal constitucional.
Multa
Por otro lado, el pleno de la Corte declaró la validez de dos artículos del Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, que establecen la obligación de propietarios de lotes baldíos, construcciones inconclusas y casas abandonadas de mantenerlos en condiciones adecuadas.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad 63/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, bajo la ponencia de Alberto Pérez Dayán, fueron validados los artículos 91 y 91 Bis del referido código.
El objetivo de los cambios legales es combatir riesgos ambientales, de seguridad y salud pública causados por inmuebles abandonados o terrenos baldíos.
La multa contemplada, que es de 50 a 10,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), explicó Pérez Dayán, no es inconstitucional.
