AGENCIA SIM
Un tribunal federal determinó que el resolutivo emitido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en torno a la tala de manglar ocurrida en Tajamar es legal, con lo que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) quedó eximido de responsabilidad administrativa por estos hechos.
Sin embargo, Katerine Ender Córdova, presidenta del movimiento Defensores del Manglar, señaló que esta sentencia, de la que todavía no han sido notificados, no pone fin al litigio que la ciudadanía mantiene para salvaguardar este espacio, pues todavía están pendientes las denuncias contra las empresas que afectaron el mangle, además de los amparos y las acusaciones ante la Procuraduría General de la República.
Fue la propia Profepa la que informó a través de un comunicado de este fallo, emitido por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que viene a confirmar a validez del resolutivo emitido por esta agencia, en la que se castigó a la empresa Bi & Di con 6.6 millones de pesos por el retiro de mangle, pero que eximió a Fonatur de toda responsabilidad.
El argumento de Profepa y que fue reafirmado por el tribunal, fue que la remoción de vegetación realizada por Fonatur se hizo al amparo de una autorización ambiental vigente, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Sin embargo, la agencia aclara que “el reconocimiento de la actuación legal de la Profepa fue resuelto sin menoscabo del pronunciamiento que un Tribunal Colegiado de Circuito en Quintana Roo formuló, concediendo un amparo a un grupo de ciudadanos en contra de la autorización expedida por la Semarnat, así como el mandamiento de reparar los daños ambientales ocasionados en el predio del Anteproyecto Malecón Cancún”.
En efecto, Katerine Ender, que ha encabezado la batalla legal en defensa de este espacio, recalcó que “lo que digan ellos no cambia lo denunciado vía penal”, pues existen amparos por resolverse y acusaciones en contra de las demás empresas involucradas en el intento de destrucción de este hábitat.
“Siguen con los mismos vicios, el conflicto de interés”, señaló en relación a la exculpación de una dependencia federal por otra, “para nosotros esto no tiene validez; esperamos una resolución de fondo.”
