La suspensión indefinida de la aprobación de la senda fiscal y del correspondiente techo de gasto provocará el retraso de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque no supondrá un impedimento para que el Gobierno ejecute su estrategia de política fiscal, que desarrollará a lo largo de 2018 y se aplicará en 2019. Así lo indican desde el Ministerio de Hacienda, que precisa que el Ejecutivo no cambia sus planes respecto a la creación de nuevos tributos y a la polémica subida del Impuesto de Sociedades y el del diésel.
De esta manera, a pesar de los rumores que habían circulado en las últimas semanas, el Gobierno mantiene su plan de crear un tributo para las entidades financieras, o tasa a la banca, que permitiría recaudar unos 2.000 millones de euros. El impuesto se crearía mediante una proposición de ley que tendría que ser aprobada en el Congreso de los Diputados, aunque se trata de una medida que ya cuenta con el respaldo explícito de uno de los principales aliados del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Podemos.
Por esta vía también se aprobaría la tasa Google, el impuesto de transacciones digitales que irá dirigido a gravar la publicidad online, la venta de datos generados con información proporcionada por usuarios y las actividades intermediarias de plataformas digitales. El Gobierno espera ingresar gracias a este tributo unos 1.095 millones y ya cuenta con el apoyo parlamentario de PDeCAT para su aprobación.
El Gobierno incluirá la reforma del Impuesto de Sociedades y la subida impositiva al diésel en los Presupuestos de 2019
La estrategia es otra en el caso de la reforma del Impuesto de Sociedades -estableciendo un suelo no deducible del 15%, con el que el Gobierno espera una mejora de la recaudación de unos 4.000 millones, aunque los expertos pronostican unos 400 millones- y el incremento fiscal al diésel -que permitiría unos ingresos de unos 600 millones-. El Ejecutivo va a incluir ambas modificaciones en el proyecto de PGE de 2019 que espera presentar antes de que acabe el año. Y es que, por lo pronto, Hacienda no se plantea un escenario en el que no se vayan a aprobar nuevos Presupuestos antes de 2019, aunque fuentes internas del Departamento reconocen que no habría que descartarlo: "La intención es mantener la creación y el incremento de los impuestos planteados, luego veremos si los plazos son posibles", dicen.
Todo va a depender de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y lo que dure la misma. El problema es que el calendario para ello es, por lo pronto, inexistente.
Voces del Grupo Socialista indican que Ana Pastor, la presidenta del Congreso, todavía no ha dado a conocer el calendario de sesiones para próximas semanas, algo que suele quedar decidido con meses de antelación pero que, en esta ocasión, se desconoce. Al menos el Gobierno cuenta con la seguridad de que la modificación, que consiste en suprimir la capacidad de veto del Senado a la senda presupuestaria, va a contar con apoyos suficientes: todos los partidos que respaldaron la moción de censura a Mariano Rajoy de finales de mayo.
La aprobación del techo de gasto no tiene los apoyos parlamentarios suficientes por el momento
Hasta que no se ejecute la reforma y la supresión del polémico artículo 15 de la Ley de Estabilidad, la senda estará condenada al veto de la Cámara Alta, que domina con mayoría absoluta el PP de Pablo Casado. Sin embargo, este cambio no implica que la propuesta gubernamental vaya a ser aprobada automáticamente por el Consejo de Ministros y no sufra más retrasos.
Por lo pronto, el techo de gasto no tiene los apoyos parlamentarios tan amarrados como la reforma de la Ley de Estabilidad. Un ejemplo de este escenario es Compromís, que recientemente indicó que no pensaba cambiar el sentido de su voto -en la primera visita de la propuesta gubernamental a la Cámara Baja, se abstuvo-.
Y ello a pesar de que la Generalitat de la Comunidad Valenciana, en la que la formación gobierna asociada con el PSOE, sí que cambió su voto en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera para apoyar la propuestos, aunque lo hizo después de pactar un quita y refinanciación de su deuda con el Estado.
Fuente: el Economista.es
