Bacalar. - Con mantas y consignas hechas en las paredes del Palacio Municipal de Bacalar, los habitantes de la comunidad “El Gallito”, nuevamente se volvieron a manifestar para exigir la salida de los soldados del Ejército Nacional Mexicano, de la base de operaciones instalada cerca de esa comunidad, acusados de proteger a los narcotraficantes.
Ya el pasado 7 de julio se habían manifestado en la plazoleta de la Explanada de la Bandera, en el Palacio de Gobierno de Chetumal, donde pidieron la intervención de la gobernadora María Elena “Mara” Lezama Espinosa, antes ocurra enfrentamiento y corra sangre.
“El Gallito” se ubica a 83 kilómetros de la cabecera municipal de Bacalar y es considerada comunidad clave para la operación de los carteles de la droga que operan en la zona.
La madrugada del 13 de junio se dio un ataque a la población. Como resultado hubo un muerto, cinco carros quemados, 11 casas baleadas y 15 personas supuestamente privadas de su libertad,
Una semana después volvió a darse un ataque similar, en el cual esta vez una persona fue asesinada en la entrada del pueblo.
En esta ocasión los manifestantes señalaron que los soldados están protegiendo a los integrantes de la Familia Coronel, presuntamente vinculados a una célula delictiva, que desde hace años controla el trasiego de droga y las pistas de aterrizaje que operan en las inmediaciones de dicha comunidad.
Señalaron que, si no les hacen caso, bloquearán la carretera federal Chetumal-Cancún así como otros puntos estratégicos de las vías de comunicación, hasta que salga el Ejército Mexicano de la base de operaciones instalada en las afueras del poblado de Otilio Montaño, muy cerca de la comunidad de El Gallito.
La Mesa de Seguridad y Justicia determinó instalar una base de operaciones el 20 de junio, sin embargo, un día después se dio manifestación de habitantes de Otilio Montaño, quienes acusaron excesos de los elementos.
Como los abusos de autoridad se han agudizado, los habitantes de comunidades de la zona decidieron manifestarse en el Palacio de Gobierno el pasado 7 de julio y esta tarde en el Palacio Municipal de Bacalar.
Con mantas y pancartas aproximadamente 100 inconformes exigieron la intervención de la jefa del Ejecutivo Estatal y Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ahora del presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez.
Porque los elementos de la base de operaciones incurren en abuso de autoridad y vejaciones, inclusive, contra menores.
Responsabilizaron al teniente Víctor Manuel Mendoza Gregorio, quien, según los inconformes, extorsiona a habitantes de “El Gallito”, Río Verde, Miguel Alemán, Otilio Montaño y Melchor Ocampo.
Además, junto con elementos del Ejército, ingresa sin órdenes de cateo a los domicilios, so argumento que hay objetos ilegales en las casas.
Mediante esos actos roban el patrimonio de las familias, a las cuales amenazan de muerte con armas de fuego.
Y aquellos ciudadanos que intentan resistirse son privados de su libertar y torturados.
