La crisis política que envuelve a Morena y al gobierno de Sinaloa escaló a nivel internacional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y siete exfuncionarios más cuentan con ficha roja de Interpol derivada de acusaciones por narcotráfico formuladas por autoridades de Estados Unidos.
La declaración oficial realizada desde Palacio Nacional representa uno de los golpes políticos más delicados para el oficialismo en los últimos años, al colocar a un exmandatario morenista y a integrantes de su círculo cercano bajo alerta internacional de captura.
De acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum, la ficha roja deriva de órdenes de aprehensión emitidas por el gobierno estadounidense, lo que permitiría la detención de los señalados si abandonan territorio mexicano.
El caso ha generado una tormenta política luego de que Washington acusara a Rocha Moya y a varios de sus colaboradores de presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico relacionadas con la facción de “Los Chapitos”, encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Mientras el gobierno federal insiste en que México no protegerá a delincuentes, la oposición y diversos sectores han comenzado a cuestionar el nivel de penetración del crimen organizado dentro de gobiernos emanados de Morena.
La tensión aumentó tras revelarse que algunos exfuncionarios cercanos a Rocha ya se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses para negociar con fiscales federales. Entre ellos figuran el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega.
Las investigaciones estadounidenses apuntan a presuntas redes de protección institucional al narcotráfico, lavado de dinero y corrupción política, mientras la presión diplomática entre México y Estados Unidos continúa creciendo.
A pesar de la gravedad del caso, Claudia Sheinbaum aseguró que Rubén Rocha permanece en Sinaloa y que cuenta con vigilancia derivada de evaluaciones de riesgo, aunque posteriormente Omar García Harfuch aclaró que la seguridad proviene de corporaciones estatales y no federales.
El escándalo ya golpea la estabilidad política y económica de Sinaloa. Reportes recientes señalan cierre de empresas, pérdida de empleos y un incremento de la violencia tras el quiebre interno de grupos criminales ligados al Cártel de Sinaloa.
Mientras tanto, crecen las exigencias para que Morena explique hasta dónde llegaron los presuntos nexos entre operadores políticos y organizaciones criminales, en un caso que amenaza con convertirse en uno de los mayores expedientes de narcopolítica en la historia reciente de México.
