Ciudad de México.– La llegada de un avión militar Hércules C-130J de la Fuerza Aérea de Estados Unidos al Aeropuerto Internacional de Toluca destapó una polémica de alto calibre, luego de que legisladores confirmaron que el Senado no autorizó su ingreso, pese a que el Gobierno de México aseguró públicamente que todo estaba “plenamente autorizado”.
De acuerdo con la bancada de Movimiento Ciudadano, la Cámara Alta no discutió, votó ni avaló la entrada de la aeronave, como exige la Constitución cuando se trata de material o equipo militar extranjero. La revelación detonó acusaciones directas contra el Ejecutivo federal por haber afirmado que existía autorización cuando, en realidad, no hubo ningún trámite legislativo para avalar el arribo del Hércules.
Los senadores reclamaron que esta maniobra vulnera las facultades exclusivas del Legislativo en temas de seguridad y soberanía, y exigieron un informe detallado sobre quién autorizó el aterrizaje, con base en qué acuerdos y bajo qué criterios se permitió el ingreso de un avión militar estadounidense.
En respuesta, el Gobierno Federal sostuvo que el vuelo estaba “previsto y autorizado” como parte de un programa de capacitación bilateral, argumentando que no se trató del ingreso de tropas ni de operaciones militares activas, sino de un traslado logístico. Sin embargo, la ausencia total de un aval del Senado contradice directamente esa versión, alimentando dudas y señalamientos sobre falta de transparencia.
La presidenta de México intentó matizar el tema al asegurar que este tipo de vuelos se ha realizado en años anteriores bajo acuerdos interinstitucionales, pero la explicación no apagó las críticas: la Constitución es clara y la autorización del Senado es obligatoria cuando se trata de presencia militar extranjera, incluso en contextos de cooperación.
El episodio reabre el debate sobre los límites de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos y vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de respetar los contrapesos institucionales. Para la oposición, el caso es evidente: el Gobierno mintió al afirmar que el ingreso estaba autorizado, y ahora deberá explicar públicamente por qué se permitió el aterrizaje sin cumplir con el procedimiento constitucional.
La exigencia es puntual: transparencia total sobre los acuerdos que permiten el uso del espacio aéreo mexicano por aeronaves militares de otro país y el respeto absoluto a las facultades del Senado en materia de soberanía nacional.
