El miércoles, Genaro García Luna, quien en su momento fue el máximo responsable de la aplicación de la ley en México, fue condenado a algo más de 38 años de prisión tras ser declarado culpable el año pasado en Nueva York de aceptar sobornos de los mismos cárteles del narcotráfico a los que se suponía que debía perseguir.
La severa pena de 460 meses, impuesta en una audiencia en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn, fue el siguiente paso, y posiblemente el último, en la impactante caída de García Luna, que pasó de lo más alto del poder como arquitecto de la guerra en México contra el narcotráfico a convertirse él mismo en un delincuente que probablemente pasará ahora el resto de su vida en una prisión federal estadounidense.
Durante la audiencia, que duró una hora, el juez Brian M. Cogan, quien supervisó el juicio por corrupción de García Luna, que duró alrededor de un mes, reprendió a García Luna, de 56 años, desde el estrado, diciendo que había llevado una doble vida y que su carrera como máximo representante de la ley en México era “una cortina de humo” que le permitió hacer daño a innumerables de sus compatriotas.
Cogan también comparó a García Luna, quien fungió como funcionario para dos presidentes mexicanos distintos, con Joaquín Guzmán Loera, el famoso narcotraficante conocido como el Chapo, quien fue juzgado y condenado en el mismo tribunal hace cinco años y ahora cumple cadena perpetua.
“Apartando su comportamiento agradable y su elocuencia, usted tiene el mismo espíritu de maleante que el Chapo”, dijo Cogan. “Solo que se manifiesta de forma diferente”.
Hablando en su propia defensa, García Luna mantuvo su inocencia, y le dijo al juez que no había “cometido ninguno de estos crímenes”.
Esos comentarios replicaban una carta que García Luna presentó a Cogan el martes por la noche en la que afirmaba que el gobierno de México y los testigos que declararon en su juicio habían dado “información falsa” en su contra debido al “combate frontal” que había emprendido contra el narcotráfico, “donde se enfrentan poderosos intereses políticos”.
Antes de que García Luna fuera condenado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pareció discrepar de sus afirmaciones de que había sido atacado por funcionarios del gobierno.
“Ahora resulta que es una víctima”, dijo Sheinbaum a los periodistas el miércoles por la mañana cuando se le preguntó sobre la carta de García Luna. “Mucho cinismo”.
Durante más de una década —de 2001 a 2012—, García Luna dominó el tema de la seguridad de su país, fue tan poderoso que a menudo se referían a él como el J. Edgar Hoover de México. Primero dirigió la versión mexicana del FBI y después se convirtió en secretario de Seguridad Pública del país, en cuyo cargo trabajó con las autoridades locales y con los principales agentes de inteligencia y de las fuerzas de seguridad de EE. UU. para acabar con los narcotraficantes.
Pero después de escuchar a media decena de narcotraficantes que salieron de las filas de los cárteles, los jurados neoyorquinos que presidieron su juicio determinaron que había llevado una doble vida y que estaba protegiendo al Cártel de Sinaloa mientras introducía toneladas de droga en Estados Unidos, casi todo el tiempo que estuvo en el cargo.
“El acusado habilitó al cártel”, dijo Saritha Komatireddy, una de las fiscales. “Protegió al cártel. Él era el cártel”.
García Luna prometió apelar su condena.
En su juicio, los testigos del gobierno incluyeron a Sergio Villarreal Barragán, un exagente de la policía en México que cambió de bando en la guerra contra el narco y era conocido como el Grande. Villarreal Barragán declaró que a principios de la década de 2000 García Luna se presentó en un almacén del estado de Chiapas, en el sur de México, para reclamar su parte de un negocio de drogas: más de 14 millones de dólares en efectivo.
Otro testigo de la fiscalía fue Jesús Zambada García, hermano del líder del Cártel de Sinaloa recientemente detenido, Ismael Zambada García. Jesús Zambada declaró que él personalmente había metido millones de dólares en dos maletas deportivas que se entregaron a García Luna en el restaurante Champs Élysées de Ciudad de México poco después de que García Luna se convirtiera en secretario de Seguridad Pública del país.
Ismael Zambada fue puesto bajo custodia de las autoridades estadounidenses este verano, luego de que las autoridades afirmaran que fue traicionado y secuestrado por un hijo del Chapo, su antiguo socio comercial. Se espera que Zambada comparezca el viernes en el mismo tribunal federal en el que fue condenado García Luna para una audiencia sobre los cargos penales a los que se enfrenta.
Desde hace tiempo, los mexicanos sospechan que funcionarios de los más altos niveles de poder han estado aliados con los mismos narcotraficantes que durante décadas han infligido dolor y penurias a su país. Y el proceso judicial de García Luna en Nueva York fue una especie de espectáculo catártico para muchas personas en México.
El juez Cogan pareció estar consciente del problema de la corrupción en México y añadió que quería dar un ejemplo con el caso de García Luna. “El delito aquí es tan abrumador”, dijo, “que sugiere una necesidad real de enviar un mensaje a otros funcionarios públicos”.
La noticia de su sentencia reavivó las preguntas sobre qué conocimiento tenía el expresidente Felipe Calderón de las actividades ilícitas del máximo responsable de seguridad de su gobierno, incluso por parte de miembros de su propio partido conservador.
“Felipe Calderón debe dar una explicación al pueblo de México”, dijo Marko Cortés, presidente del partido, en una conferencia de prensa el miércoles antes de que se anunciara la sentencia. “No queremos que se presenten más García Lunas en nuestro país”.
La respuesta no se hizo esperar. En un hilo en redes sociales, Calderón dijo que nunca tuvo o recibió “evidencia verificable” que involucrara a García Luna en acuerdos ilegales con grupos del crimen organizado pero que respetaba la sentencia. También defendió la estrategia de su gobierno de lanzar un agresivo ataque a los cárteles de la droga, una medida que sumió a México en uno de sus más sangrientos episodios, del que el país aún lucha por salir.
“Este caso no demerita la lucha valiente que dieron miles de mujeres y hombres para defender a México de su verdadero enemigo, el crimen organizado”, dijo Calderón. “La lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona sino de todo un equipo de gobierno”.