Mexicali, Baja California.– La designación de Aníbal Castro Borbón como delegado de la Fiscalía General de la República en Baja California quedó abruptamente cancelada tras la intervención directa del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en un movimiento que deja al descubierto tensiones internas en el aparato federal de seguridad y justicia.
Castro Borbón, exjuez federal, estaba a punto de asumir una de las delegaciones más estratégicas del país, en una entidad marcada por la presión del crimen organizado y la complejidad operativa de la frontera. Sin embargo, su llegada fue frenada luego de que García Harfuch reiterara señalamientos previos sobre presuntas resoluciones judiciales que habrían favorecido la liberación de imputados vinculados a delitos de alto impacto.
El episodio no es menor. Baja California representa un punto neurálgico en materia de narcotráfico, contrabando y violencia organizada. Colocar al frente de la delegación de la Fiscalía General de la República a un perfil cuestionado implicaba un mensaje político delicado en medio del discurso oficial de combate frontal al crimen.
La decisión de tumbar el nombramiento antes de formalizarlo revela algo más que una revisión administrativa: expone una pugna silenciosa entre áreas del gobierno federal sobre quién controla las piezas clave en la procuración de justicia. La cancelación también deja vacante una posición estratégica justo cuando la coordinación entre federación y estado exige claridad y cohesión.
Aunque no existe acusación penal formal contra Castro Borbón por los señalamientos públicos en su contra, el antecedente de resoluciones polémicas fue suficiente para que el titular de Seguridad bloqueara su ascenso. El mensaje político es evidente: no todos los perfiles son compatibles con la narrativa de endurecimiento contra el crimen organizado.
La pregunta de fondo es si la FGR operó con autonomía al impulsar la designación o si el proceso evidenció falta de coordinación interna. Lo cierto es que el revés deja en el aire la estructura de mando en Baja California y abre un debate sobre los filtros reales en los nombramientos federales.
En un contexto donde la credibilidad institucional es frágil, cada designación pesa. Y cada veto también.
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