Cozumel, Quintana Roo, 21 de diciembre de 2025. La madrugada de este domingo, un incendio de grandes proporciones arrasó con la base operativa de Aviomar Adventours y redujo a cenizas buena parte de su flota de cuatrimotos (ATV), además de provocar daños severos en instalaciones y equipo de trabajo. El golpe es directo al músculo turístico de la isla: pérdidas millonarias, suspensión de actividades y un impacto inmediato en empleos y servicios.
Pero el dato que encendió todavía más las alarmas no fue solo el fuego, sino lo que vino después: una guerra de versiones.
Por un lado, la Fiscalía General del Estado sostuvo en un primer posicionamiento que las líneas iniciales apuntan a un “posible corto circuito” originado en una de las unidades resguardadas, aunque dijo no descartar otras hipótesis.
Del otro lado, Aviomar Adventours rechazó la idea del accidente y denunció públicamente actos de vandalismo, dejando entrever que el incendio pudo ser provocado. Y aquí aparece el trasfondo más delicado: la empresa presume que el hecho podría estar ligado a cobro de piso, un señalamiento que, de confirmarse, convertiría el caso en algo mucho más grave que un siniestro por falla eléctrica.
No es una acusación menor. Hablar de cobro de piso implica extorsión y control criminal sobre actividades económicas, justo en un sector —el turismo— que sostiene la economía de Cozumel. Por eso el caso no puede resolverse con un boletín rápido y una explicación cómoda: exige peritajes sólidos, dictamen de origen y causa, y una investigación que no evada la línea de ataque intencional.
El saldo inmediato ya es catastrófico. Aviomar anunció la suspensión temporal de sus operaciones de ATV, lo que significa cero ingresos por ese servicio, cancelaciones, incertidumbre laboral para su plantilla y un efecto dominó para agencias, guías y transportistas que dependen del movimiento turístico diario.
Ahora la presión es clara: si fue accidente, que lo sostengan con evidencia técnica verificable. Y si fue un atentado ligado a extorsión, entonces la autoridad tiene la obligación de investigarlo como un golpe criminal contra la economía local, sin minimizarlo ni maquillarlo.
En las próximas horas, la clave será conocer si hay cámaras en la zona, si se levantaron indicios de acelerantes, si existe denuncia formal por hechos dolosos y qué medidas de protección se activarán para la empresa y su personal, porque cuando una compañía menciona cobro de piso, el riesgo no termina cuando se apagan las llamas.
