Una jueza federal frenó por tiempo indefinido la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), establecida en el decreto de reforma publicado el pasado 9 de septiembre.
La Sedena deberá regresar el control operativo y administrativo a la Secretaría de Seguridad y se deben suspender de inmediato las transferencias financieras al Ejército.
La Juez Noveno de Distrito de Guanajuato, Karla María Macías Lovera, otorgó a Ángel Castro Gómez, miembro del organismo no gubernamental Uniendo Caminos México, la suspensión definitiva que impide entregarle al Ejército el control operativo y el presupuesto de la corporación.
La impartidora de justicia advierte que en caso de que la transferencia ya haya iniciado, deberán restituirse todos los recursos de la Guardia Nacional a la SSPC, en los términos previstos en el Presupuesto de Egresos de 2022.
También pide notificarle este fallo al Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para que no se lleve a cabo la transferencia de recursos de la SSPC a la Sedena y para que se restituyan aquellos ya transferidos.
El argumento central de la jueza es que en esta reforma el Legislador pasa por alto el artículo 21 de la Constitución, que en uno de sus apartados establece que la seguridad pública es una tarea prevista para los órganos de carácter civil y no militar.
El fallo que ahora suspende indefinidamente el control formal de la Sedena sobre la Guardia Nacional puede ser impugnado y ese recurso legal será resuelto por el mismo tribunal colegiado, lo que podría tardar varios meses para dictar su veredicto sobre la suspensión definitiva.
