La publicación de Ni venganza, ni perdón de Julio Scherer abrió una grieta que va más allá de un ajuste de cuentas personal. Es un episodio que expone tensiones acumuladas dentro del bloque gobernante y que hoy coinciden con presiones externas y un clima de inseguridad que no da tregua.
En el pasado reciente, cuando el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador estaba en su punto más sólido, las crisis internas se resolvían con disciplina vertical y control narrativo. Vale plantearlo en el contexto actual: si un exintegrante del círculo cercano hubiera detonado una bomba política semejante en aquel momento, la reacción habría sido inmediata, centralizada y contundente. El conflicto no habría escalado en múltiples frentes; se habría contenido bajo una sola voz.
Hoy la dinámica es distinta. La respuesta de figuras como Gerardo Fernández Noroña, pidiendo cárcel para Scherer y calificándolo de traidor, refleja un intento de cerrar filas desde la confrontación. Pero el efecto político no necesariamente fortalece la cohesión; puede exhibir fractura.
El enfrentamiento entre Layda Sansores y Ricardo Monreal añade otro capítulo. No es un simple intercambio de descalificaciones; es una disputa por influencia y liderazgo interno. Cuando Monreal advierte que la crisis interna podría golpear directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, el mensaje es claro: las tensiones ya no son marginales, tocan el centro del poder.
El conflicto por el control de candidaturas rumbo a 2027 confirma que la batalla es estratégica. Adán Augusto López y “Andy” López Beltrán en tensión con Luisa María Alcalde evidencian que la dirigencia partidaria es el verdadero campo de guerra. Controlar el partido significa controlar el futuro territorial.
La ruptura con aliados tradicionales como PVEM y PT en la negociación de la reforma electoral agrava el panorama. Si los socios perciben que Morena intenta reducirlos para consolidar hegemonía, la coalición se vuelve frágil y cada votación legislativa se transforma en moneda de cambio.
El discurso presidencial contra el nepotismo enfrenta resistencia interna. Saúl Monreal defendiendo su aspiración en Zacatecas y Manuel Velasco impulsando a Ruth González en San Luis Potosí muestran que la narrativa ética choca con intereses regionales consolidados. Sostener el principio implica costos políticos; flexibilizarlo implica costos de credibilidad.
A todo ello se suma la presión internacional. En Washington se observa con lupa la relación entre política y crimen organizado en México. La presidenta enfrenta un equilibrio delicado: actuar con contundencia para blindar la credibilidad institucional sin alimentar la narrativa de intervención externa.
El contexto de violencia complica cualquier margen de maniobra. Las recientes masacres y episodios de alto impacto en distintas entidades fortalecen la percepción de un Estado bajo tensión. En ese ambiente, las disputas internas no se leen como pluralidad democrática, sino como desorden en medio de crisis.
La pregunta no es si hay conflicto; el conflicto es evidente. La cuestión es si la presidenta logrará convertir la fragmentación en institucionalidad y liderazgo propio, o si la suma de fracturas internas, presión externa y violencia terminará erosionando la estabilidad política que el oficialismo necesita rumbo a 2027.
En política, las hegemonías no se desploman por un solo golpe. Se desgastan cuando las fisuras se vuelven visibles y persistentes. Esa es la prueba que hoy enfrenta el poder.
